Kiev y Moscú anunciaron este viernes 10 de noviembre un acuerdo para la repatriación de un huérfano ucraniano de 17 años, trasladado a Rusia desde la ciudad ucraniana de Mariupol tras su ocupación por el ejército ruso, tras un sangriento asedio.
Este anuncio se produce tras el llamamiento de ayuda que este adolescente dirigió al presidente Volodymyr Zelensky. “Te pido, Volodymyr Oleksandrovych, que me ayudes a regresar a casa”, dijo en un breve vídeo publicado por su abogado ucraniano en las redes sociales.
“Bogdan Yermokhine estará pronto en Ucrania”, anunció el viernes en Telegram el comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmytro Loubinets, informando de un “acuerdo” sobre su repatriación. La comisionada rusa para la infancia, María Lvova-Belova, dijo en Telegram que los dos países habían acordado que el joven se reuniría con su prima, su tutora legal en Ucrania, “en un tercer país” el día de su cumpleaños número 18, el 19 de noviembre. Bogdan Yermokhin vivía en Mariupol, una gran ciudad industrial en el sureste de Ucrania y, según informes de los medios, estaba recibiendo allí formación en el sector metalúrgico en el momento de la invasión rusa en febrero de 2022.
Con un grupo de mineros ucranianos de Mariupol, fue trasladado primero a Donetsk, la capital regional bajo control ruso, y luego a la región de Moscú, según el sitio web ucraniano Graty. Las autoridades rusas le expidieron el pasaporte de este país, como hicieron con muchos ucranianos en las zonas ocupadas. Según Graty, Bogdan Yermokhine fue citado recientemente por el ejército ruso para preparar sus documentos militares, una práctica común en Rusia, donde cualquier joven puede ser llamado al servicio militar a partir de los 18 años.
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En marzo, intentó huir de Rusia para regresar a Ucrania antes de ser arrestado por las fuerzas del orden rusas cerca de la frontera con Bielorrusia. Lvova-Belova dijo que en algún momento quiso quedarse en Rusia antes de cambiar de opinión. El presidente ruso Vladimir Putin y la señora Lvova-Belova están acusados por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra por la “deportación ilegal” de miles de niños ucranianos. Moscú rechaza firmemente estas acusaciones.