Más de 600 personas han sido ejecutadas en Irán desde principios de año, la cifra anual más alta en ocho años cuando faltan dos meses para que finalice el año, un grupo de defensa de los derechos humanos. Nueve ejecuciones tuvieron lugar en un solo día esta semana en una prisión cerca de Teherán, mientras que dos personas enfrentan la ejecución por adulterio, dice Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
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El IHR y otras organizaciones no gubernamentales han acusado a Irán de utilizar la pena de muerte como medio para sembrar miedo, tras las protestas por los derechos de las mujeres que sacudieron al país durante varios meses a partir de septiembre de 2022.
“La comunidad internacional debe responder a más de 600 ejecuciones en 10 meses, o dos asesinatos estatales por día”, afirmó el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam. “El silencio es un consentimiento indirecto a estos crímenes”, añadió, señalando que Irán asumió la presidencia del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a principios de esta semana. Las 604 ejecuciones registradas por el RSI ya son superiores a las 582 registradas en 2022, y son las más numerosas desde 2015, cuando se registraron 972 ejecuciones.
Los activistas han expresado su consternación por el creciente número de ejecuciones relacionadas con las drogas, que han aumentado en los últimos años después de haber disminuido tras los cambios en el código penal de Irán. Las últimas ejecuciones del miércoles involucraron a nueve hombres, incluido un afgano, ahorcados en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj, un suburbio de Teherán, la mayoría de ellos por condenas por asesinato, según el IHR.
La ONG afirma también que un hombre y una mujer, Abolfazl Barat Vakili y Leila Kholghi Sakachayi, fueron condenados a muerte por un tribunal de Teherán en agosto por adulterio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales en Irán, pero las sentencias de muerte por adulterio se han vuelto más raras en los últimos años.
“La comunidad internacional no debería tolerar que se lleven a cabo ejecuciones por relaciones sexuales consentidas (…) en el siglo XXI, por parte de un gobierno que tiene asiento en las Naciones Unidas”, insistió Mahmood Amiry-Moghaddam.