Nuevo revés para el sector de las residencias de mayores, que apenas sale de la crisis del Covid y del escándalo de Orpea. El grupo de residencias privadas Medicharme es objeto de dos investigaciones administrativas cuyas conclusiones se esperan para principios de 2024, anunció el viernes el Ministerio de Solidaridad.
Este verano, el Gobierno encargó a la Inspección General de Finanzas (IGF) y a la de Asuntos Sociales (Igas) examinar la situación del grupo, que gestiona 43 establecimientos en Francia y cuenta con 1.300 empleados. Se cuestionan sus “prácticas comerciales y financieras”, sus “prácticas de gestión” y el “tiempo efectivo de presencia del personal” con los residentes, así como sus “modalidades de comunicación” de incidentes, indica el ministerio, confirmando informaciones del Parisien.
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Medicharme, por su parte, asegura que trabaja «en paz» con los servicios estatales y espera los resultados de su trabajo, «que serán comunicados de forma transparente». Estas dos investigaciones se producen tras el plan nacional de control lanzado en marzo de 2022 por el Estado sobre las 7.500 residencias de ancianos en Francia, tras la publicación del libro Les Fossoyeurs, tres meses antes.
Medicharme, cuyo expresidente y cofundador, Patrick Boulard, fue destituido en 2022, afirma que desde entonces se ha movilizado “para reforzar la calidad de la atención a los residentes y evitar cualquier situación de maltrato”. Como muchas residencias de ancianos, el grupo se enfrenta a una situación financiera degradada «debido al aumento de los costes y a la baja tasa de ocupación», pero asegura que no se encuentra en suspensión de pagos ni en liquidación forzosa.