Los ministros de Energía de los Veintisiete se reunieron este martes en Luxemburgo para intentar llegar a un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico. Las discusiones prometieron ser cuando menos tensas, ya que las posiciones de todos divergían. Pero finalmente llegaron a un acuerdo.

“Llegamos a un acuerdo que corresponde al mandato que me dio el Presidente de la República. Es una respuesta contundente a la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, que ayudará a proteger el mercado europeo de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles”, explica Agnès Pannier-Runacher. El Ministro de Transición Energética considera que se trata de una victoria política, tanto para Francia, que defendió su opción nuclear, como para Europa, que se dota de una herramienta de respuesta a la Ley estadounidense de reducción de la inflación.

El acuerdo alcanzado anima a los consumidores a elegir electricidad libre de carbono y a los productores a invertir en nuevas capacidades bajas en carbono mediante el establecimiento de contratos a largo plazo, que ayudan a proteger contra la volatilidad de los precios en el mercado.

Francia anotó un punto decisivo. Si bien en la apertura de los trabajos del Consejo, el martes por la mañana, los activos existentes y, por tanto, el parque nuclear francés de 56 reactores, no estaban cubiertos por el texto, la versión final los restableció. Por tanto, será posible establecer contratos por diferencias (CFD) sobre la producción de electricidad del parque nuclear francés. También se aplican a grandes instalaciones eólicas, fotovoltaicas o presas hidráulicas. Este acuerdo también pretende permitir a los europeos alcanzar sus objetivos en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

“La primera victoria es política. Proporciona un marco de mercado competitivo para los inversores industriales, demuestra que sabemos cómo llegar a acuerdos con Alemania y demuestra la fuerza de la Alianza Nuclear Europea”, añade el ministro.

También se han establecido normas consensuadas para proteger a los consumidores y evitar que las facturas se multipliquen por tres o cuatro.