La medida llevaba varias semanas sobre la mesa. Esta vez es oficial. El Gobierno prevé introducir en 2024 un nuevo impuesto sobre las concesiones de autopistas y los grandes aeropuertos que debería aportar 600 millones de euros al año, anunció el miércoles al presentar su proyecto de presupuesto. Suficiente para hacer reaccionar a los actores afectados.
«El impuesto sobre las infraestructuras de transporte de larga distancia se pondrá en marcha», declaró a la prensa el Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, antes de la presentación del próximo presupuesto al Consejo de Ministros. «Se trata de infraestructuras de transporte contaminantes, ya sea por carretera o por aire», añadió. Sin embargo, «la mejor financiación» para las inversiones «altísimas» e «imperativas» necesarias para la transición ecológica «es garantizar que quienes más contaminan contribuyan más», insistió.
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Bruno Le Maire aseguró que este aumento de imposición “no se repercutirá en el usuario” gracias al mantenimiento de “la definición de las tarifas de peaje”. «Las empresas de autopistas no pueden repercutir el aumento de los peajes», añadió. Las empresas a las que se aplicará este nuevo impuesto deberán cumplir un umbral de facturación y rentabilidad, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. El ejecutivo ya había anunciado su voluntad de gravar a las concesionarias de autopistas como Vinci, Sanef o Eiffage por su rentabilidad considerada excesiva, pero el Consejo de Estado había advertido del «alto» riesgo legal que supone apuntar únicamente a empresas de este sector.
«Un aumento de los impuestos es inevitablemente un aumento de los peajes», respondió el miércoles el presidente de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey, tras el anuncio del Gobierno de un nuevo impuesto sobre las autopistas y los grandes aeropuertos. Aumentar los impuestos «no sólo sería una violación de la palabra del Estado» sino también «una contradicción en un momento en el que es urgente invertir para descarbonizar la carretera», argumentó Vinci en un mensaje enviado a la AFP.
Por su parte, el grupo ADP – que gestiona en particular las plataformas de Roissy, Orly y Le Bourget en Isla de Francia – precisó en un comunicado que el gobierno prevé «un impuesto del 4,6% aplicable al volumen de negocios» del grupo. En 2022, esto se habría aplicado sobre una base de 2.175 millones de euros, generando un impacto de aproximadamente “100 millones de euros” para ADP. En 2024, el impuesto representaría un coste de 90 millones de euros, calcula la empresa, que espera poder repercutir el 75% del coste a las aerolíneas, “en forma de regalías”.
Para mitigar este efecto, ADP prevé que «el aumento de precios se distribuya a lo largo de dos o tres años, con el fin de contener su efecto para las compañías aéreas y respetar el principio, previsto por la ley, de una evolución «moderada» de las tarifas aéreas». un año tras otro. Un primer aumento, que cubriría casi la mitad del impacto del impuesto, se produciría a partir del período tarifario 2024”, especifica la organización.
