El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó el viernes que su plan de deportar inmigrantes ilegales a Ruanda era «una buena inversión», aunque el organismo de control del gasto público advirtió del gigantesco coste del sistema.
El conservador Rishi Sunak ha hecho de este controvertido proyecto un pilar de su política de lucha contra la inmigración ilegal y espera poder aplicarlo antes de las elecciones legislativas previstas para este año. A mediados de enero, lo calificó de “prioridad nacional urgente”.
El proyecto de ley actual, criticado tanto por Naciones Unidas como por la Iglesia Anglicana, fue redactado en respuesta a la Corte Suprema británica, que a mediados de noviembre dictaminó que era ilegal enviar inmigrantes a Ruanda, al considerar que el país no podía considerarse seguro. El gobierno no ha facilitado el coste total del proyecto, pero según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), el organismo que controla el gasto público, podría superar los 500 millones de libras esterlinas (583,7 millones de dólares).
“El gobierno británico contribuirá con 370 millones de libras (432,1 millones de euros) en el marco de la asociación entre el Reino Unido y Ruanda, 20.000 libras adicionales por persona y 120 millones de libras una vez que las primeras 300 personas hayan sido reubicadas, más 150.874 libras por persona para procesar y operar costes”, resume la NAO. El Reino Unido pagaría así 1,8 millones de libras por cada uno de los primeros 300 inmigrantes deportados. El Partido Laborista rápidamente gritó «escándalo nacional», «fiasco».
Rishi Sunak por su parte afirmó que este proyecto era “una buena inversión”. Para frenar la llegada de inmigrantes, “necesitamos un efecto disuasorio. Necesitamos poder decir que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte, podemos deportarte a un país seguro”, añadió.
Ruanda se presenta como uno de los países más estables del continente africano, pero varios grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame de gobernar en un clima de miedo, de reprimir la disidencia y la libertad de expresión. Paul Kagame es el líder de facto de este pequeño país de la región de los Grandes Lagos desde el final del genocidio tutsi en 1994. Regresó al poder, con más del 90% de los votos en las elecciones de 2003, 2010 y 2017. Durante sus años en el poder, muchos opositores, incluso dentro de su partido, fueron encarcelados, asesinados o huyeron al exilio.
