Prisioneros de seis centros penitenciarios de Ecuador mantienen como rehenes a 57 guardias y policías en represalia por las operaciones de las fuerzas armadas estatales en las cárceles, informó el jueves (31 de agosto) el organismo encargado de estas últimas (SNAI). En medio de una jornada de violencia provocada por la explosión de dos coches bomba en Quito, el SNAI afirmó en un comunicado que siete policías y 50 guardias penitenciarios «se encuentran detenidos en seis centros de privación de libertad», sin dar más detalles.
El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo anteriormente que todos los guardias estaban tomados como rehenes en la penitenciaría de Cuenca, donde los reclusos han estado protestando por la presión policial en la cárcel desde el miércoles. La toma de rehenes «sería una respuesta de los grupos criminales tras las intervenciones de la policía en los centros penitenciarios del país, cuyo objetivo es el descubrimiento de objetos prohibidos que se utilizan durante la violencia», precisó el SNAI.
El miércoles, cientos de soldados y policías llevaron a cabo un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una prisión de Latacunga, una de las más grandes del país y escenario de frecuentes enfrentamientos mortales entre presos. Unos 430 reclusos han muerto en Ecuador desde 2021.
Las hipótesis sobre los motivos de esta toma de rehenes se multiplicaron durante la jornada del jueves, pero el SNAI había avanzado desde el principio la pista de represalias tras esta «intervención» de la policía en Latacunga. Posteriormente, las autoridades indicaron que la toma de rehenes era una señal de protesta contra el traslado de presos a otros centros penitenciarios. “Estamos preocupados por la seguridad de nuestros agentes”, dijo Juan Zapata en una conferencia de prensa en la capital Quito.
Según el SNAI, “se están tomando una serie de acciones para restablecer el orden en el sistema penitenciario” con la ayuda de militares y policías. Ante oleadas de violencia recurrente en prisión que involucran a pandillas vinculadas a cárteles mexicanos o colombianos, el presidente Guillermo Lasso declaró el 24 de julio el estado de emergencia en todo el sistema por 60 días. Es esta medida la que permite, en particular, enviar el ejército a las cárceles.
Los grupos narcotraficantes están librando una guerra por el poder en las penitenciarías del país y utilizándolas como bases para sus diversas operaciones. A finales de julio, 31 detenidos murieron en sangrientos enfrentamientos que duraron cuatro días en la prisión de Guayaquil. El 26 de agosto fueron liberados 17 guardias y empleados administrativos tomados como rehenes luego de un motín en una cárcel de Esmeraldas. El motín se produjo en respuesta a la declaración del estado de emergencia en el sistema penitenciario.
