La Mesa de la Asamblea Nacional, máximo órgano colegiado, decidió este miércoles aplicar la reforma de las pensiones a los diputados y funcionarios en el Palais Bourbon, a partir del 1 de septiembre. La Mesa, que reúne en particular al presidente, a los vicepresidentes y a los representantes de los grupos políticos, ha procedido así a la transposición de las principales disposiciones de la reforma aprobada por forceps en primavera, una semana después de una decisión similar del senadores

Abre un aplazamiento progresivo “de la edad de apertura de derechos de 62 a 64 años”, tanto para los diputados como para el personal de la Asamblea, al disponer “un aumento de 3 meses por generación”. Otra medida aprobada: la aceleración del calendario para llegar a 43 anualidades de cotización, a fin de poder recibir una pensión completa.

La reforma de pensiones acelera la transición de 42 anualidades para una pensión completa hoy, a 43 para 2027. La Mesa también ha registrado la posibilidad de que el personal de la Asamblea trabaje hasta los 70 años, frente a los 67 de hoy. La presidenta de la Asamblea Yaël Braun-Pivet (Renacimiento, partido presidencial) había anunciado que quería «transponer» la reforma tan pronto como fuera promulgada. «Se votó sin dificultad», dijeron dos miembros de la Mesa, a pesar de «2 votos en contra y una abstención».

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En 2017, el régimen de los diputados ya se había “alineado con el de la función pública” del Estado, al suprimirse el antiguo sistema de doble aportación. Promesa del candidato Macron, esta reforma entró en vigor el 1 de enero de 2018. La pensión de los diputados se calcula en proporción a las rentas vitalicias adquiridas. Tras cinco años en el cargo, su importe neto mensual es de 684 euros. Acumulable con otras pensiones, aumenta cuando un diputado es reelegido.

En total, «el importe neto mensual medio de las pensiones liquidadas en 2022, en parte para determinados diputados en base al antiguo sistema de doble aportación, es de 2.990 euros» mensuales, había precisado la Asamblea el pasado mes de febrero. La Mesa también planteó el delicado tema de la participación de diputados en manifestaciones prohibidas, pocos días después de que los tres líderes de la mayoría exigieran sanciones contra los diputados electos de izquierda presentes en la manifestación prohibida en memoria de Adama Traoré. De acuerdo con el acta de la reunión, “el Presidente recordó que la función parlamentaria se ve afectada cuando la faja tricolor se usa indebidamente, pero que sólo los hechos que se desarrollen dentro del recinto de la Asamblea pueden dar lugar a sanción disciplinaria”.