Es en Jamaica, en Kingston, donde se jugará el futuro de los fondos marinos. El Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) se reúne allí durante un mes para discutir las normas que regirán la minería en aguas profundas en aguas internacionales.

Al mismo tiempo, los ecologistas intentan impedir el despegue de esta industria, que actualmente es objeto de inseguridad jurídica. En efecto, desde el 9 de julio, una empresa puede solicitar libremente al AIFM una licencia de funcionamiento comercial, lo que hasta entonces era imposible. De vuelta a un embrollo legal internacional.

Todo comienza en Nauru, un pequeño estado insular en el corazón del Pacífico. En el verano de 2021, el microestado que estaba ojeando los fondos marinos del océano que lo rodea activó una cláusula, con el AIFM, para obtener un código minero en un plazo de dos años. Este último, que ha estado en proceso durante muchos años, debía regular la minería submarina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Si bien allí se autorizó previamente la exploración científica e industrial de los fondos marinos, no así la minería. Estos espacios están clasificados como “patrimonio común de la humanidad” y por lo tanto fueron protegidos.

Sin embargo, el plazo para redactar el código minero ya pasó. El Consejo de la institución, que agrupa a 36 países elegidos por los 168 miembros, no logró redactarlo a tiempo, dejando así la posibilidad a cualquier empresa de realizar una solicitud de explotación. Y el GFIA estará obligado a tenerlos en cuenta.

Este es “un momento crítico para la Autoridad”, así lanzó el representante de Chile en la apertura de la sesión del Consejo de los AIFM en Kingston, informa AFP. “No podemos autorizar actividades de explotación en la Zona (fondo marino, nota del editor) hasta que se establezcan las normas, reglamentos y procedimientos correspondientes”, insistió, pidiendo un “pausa cautelar”.

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Ante la vaguedad legal, las ONG ambientalistas están preocupadas. “De ahora en adelante, las barreras que separan la increíble riqueza de la biodiversidad del abismo y las excavadoras en busca de metales, penden de un hilo”, denunció el lunes 10 de julio en un comunicado de prensa François Chartier, de Greenpeace.

La organización internacional también ha lanzado una petición contra la explotación de los fondos marinos. Este último, que según la web habría recogido cerca de 294.493 firmas, denuncia un riesgo de «saqueo» y «arada». “Francia debe posicionarse activamente a favor de una moratoria sobre la minería de los fondos marinos, y en contra de un código minero, para bloquear un acuerdo internacional”, se puede leer allí.

En una reunión anterior del Consejo AIFM en marzo de 2023, Francia ya había llamado, en un comunicado de prensa a una amplia coalición, declarando que «el estado del conocimiento científico sobre los ecosistemas de aguas profundas» era «todavía insuficiente» y que planteaba «riesgos de daños irreversibles». Las ONG también insisten en los riesgos de destrucción directa de hábitats y especies. También explican que estas actividades industriales podrían alterar la capacidad del océano para absorber el carbono emitido por las actividades humanas o incluso interferir con el ruido de las comunicaciones de especies como las ballenas, informa AFP.

Para salir de esta situación, una veintena de países, incluida Francia, proponen una moratoria. Según AFP, Chile, Francia, Palau y Vanuatu pretenden llevar la lucha al plano político y convencer a otros estados para que aboguen por esta causa. Por primera vez, la Asamblea de los 168 estados miembros de la Autoridad, reunida del 24 al 28 de julio, discutirá una “pausa de precaución” de la minería.

Otros insisten en la necesidad de terminar el código minero como el secretario general del AIFM Michael Lodge. «Tenemos (…) la oportunidad única de hacerlo bien y debemos invertir nuestro tiempo y nuestra energía en este proceso», declaró el británico, que regularmente se defiende de ser pro-industria como lo acusan las ONG, informa AFP.