A fines del verano de 2022, casi toda Francia estaba sujeta a restricciones de agua para garantizar usos prioritarios relacionados con la salud y la seguridad. Ese mismo año, más de 2.000 municipios sufrieron fuertes tensiones en el suministro de agua potable, e incluso siete de ellos sufrieron una interrupción total de varios días. “La gestión de la emergencia consistió, en particular, en derogar el caudal reservado para la toma de agua del río, en desalinizar agua de mar, en transportar agua por camión, en repartir botellas, en bajar el caudal y la presión o en cortar el agua por franjas horarias”, señala el Consejo Superior del Clima en su informe anual.

Para anticipar y limitar en la medida de lo posible este tipo de situaciones de crisis, que se multiplicarán con el calentamiento global, se pueden establecer diversas medidas de restricción mediante decretos de las prefecturas, según cuatro niveles de gravedad: vigilancia, alerta, alerta máxima. y crisis Estas medidas están destinadas a particulares, agricultores, empresas y comunidades. Le Figaro te invita a introducir tu dirección en su buscador para conocer el nivel de alerta y las restricciones que aplican.

Prohibición de llenar tu piscina, lavar tu coche en casa, regar un campo de golf, regar cultivos… Estas órdenes marco establecen “las medidas mínimas de restricción por uso a implantar según el grado de gravedad”, recuerda el Ministerio de Medio Ambiente. Transición. En otras palabras, se pueden agregar restricciones más estrictas dependiendo de la gravedad de la situación o de las cuestiones específicamente relacionadas con el territorio en cuestión.

El ministerio también especifica que las medidas restrictivas para los particulares “se refieren tanto a las extracciones del medio ambiente (aguas subterráneas, superficiales) como al agua de la red de agua potable”. Por otro lado, “no son aplicables cuando hay aprovechamiento de aguas pluviales recuperadas”. En caso de incumplimiento de estas normas, las multas pueden llegar hasta los 1500 euros para las personas físicas. En 2022, 13.000 controles -realizados por agentes de la Oficina Francesa para la Biodiversidad (OFB)- dieron lugar a unas 1.000 sanciones.