El gerente de una empresa de construcción, actualmente prófugo en Egipto, fue condenado el martes en Bobigny a un año de prisión, casi cuatro años después de la muerte de dos trabajadores indocumentados en una obra de construcción en Seine-Saint-Denis.

Otros cuatro hombres fueron condenados a penas de hasta tres años de prisión, incluidos seis meses.

Los condenados y sus empresas deberán pagar conjuntamente 50.000 euros a cada una de las familias de los fallecidos, en concepto de indemnización por daño moral. El 8 de junio de 2019, las dos víctimas, Kamel Benstaali, de 34 años, y Omar Azzouz, de 29, trabajaban en la rehabilitación de la urbanización La Source en Épinay-sur-Seine, un proyecto de viviendas de 478 viviendas cuyo arrendador es Plaine Commune. Hábitat

Reclutados poco antes de la tragedia, estaban trabajando en la renovación térmica, desde el exterior, del piso 18 de un edificio cuando se desprendió la góndola en la que se encontraban. Ninguno estaba capacitado para trabajar en altura. Un informe pericial apuntó entonces a «una falta de anclaje» de la plataforma.

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Las dos víctimas habían sido contratadas por la empresa subcontratista SRI, cuyo gerente egipcio, Fathy Abou Shreef, prófugo de su país, fue condenado a un año de prisión, con orden de detención emitida. Su mano derecha, Hafid Biyi, fue sentenciado a tres años de prisión, incluidos seis meses y la prohibición de operar un negocio durante diez años.

Fueron declarados parcialmente culpables de homicidio doloso y trabajo encubierto. «Esta es una decisión equilibrada en relación con las solicitudes del fiscal», dijo Me Jean-Philippe Feldman, abogado de las dos familias de las víctimas, al salir de la sala del tribunal. El fiscal había pedido penas de hasta ocho meses de prisión.

La demanda, a finales de enero, había puesto de manifiesto las malas condiciones laborales de los empleados de la subcontratación así como la multitud de empresas implicadas y la complejidad de definir las responsabilidades al final de la cadena. El responsable de la verificación de las instalaciones fue condenado a dos años de prisión, incluidos seis meses de prisión. El gerente de la empresa Technimat que instaló el andamio del solar es condenado a 18 meses de prisión en suspenso y su empresa a una multa de 30.000 euros.

Otro subcontratista en el caso, ISO Systèmes, fue condenado a una multa de 45.000 euros y su director a un año de prisión condicional y la obligación de publicar la sentencia en su sitio durante un mes. CGT Construcción, parte civil, obtuvo 5000 euros en daños y perjuicios.