(ONU) Las restricciones a los derechos de las mujeres continúan “bloqueando” la “reintegración” de Afganistán a la comunidad internacional, dijo el viernes un alto funcionario de la ONU, señalando que la supuesta participación del gobierno talibán en las conversaciones de Doha no era una “legitimación”.
Desde su regreso al poder, las autoridades talibanes no han sido reconocidas oficialmente por ningún país y aplican una interpretación ultrarigurosa del Islam, aumentando las medidas liberticidas contra las mujeres, una política calificada de “apartheid de género” por la ONU.
Estas “restricciones a las mujeres y las niñas”, particularmente en la educación, que “privan al país de capital humano vital”, “contribuyen a una fuga de cerebros que está socavando el futuro de Afganistán” y “al ser profundamente impopulares, socavan las afirmaciones de legitimidad del gobierno”. autoridades talibanes de facto”, comentó Rosa Otunbayeva, jefa de la misión de las Naciones Unidas en el país (UNAMA), en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Y continúan bloqueando soluciones diplomáticas que podrían conducir a la reintegración de Afganistán a la comunidad internacional”, añadió.
Las autoridades talibanes han asegurado que asistirán a la tercera ronda de conversaciones en Qatar prevista para el 30 de junio y el 1 de julio. Fueron excluidos de la primera reunión en mayo de 2023 y luego se negaron a participar en la segunda en febrero a menos que sus miembros fueran los únicos representantes del país.
Un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo esta semana que aún estaban en curso discusiones sobre las modalidades de esta tercera reunión.
Pero “para que este proceso realmente comience, es esencial que las autoridades de facto participen en Doha”, afirmó Rosa Otunbayeva, advirtiendo sin embargo que “las altas expectativas no pueden cumplirse de manera realista en una sola reunión”.
“Sólo el compromiso a través de una posición internacional común, coordinada y basada en principios puede proporcionar un fuerte incentivo para que las autoridades de facto adopten políticas que permitan su reintegración a la comunidad internacional”.