Amnistía Internacional instó el viernes a Camboya a poner fin de inmediato a los «desalojos forzosos a gran escala» de las 10.000 familias que residen en el sitio del templo de Angkor en el norte del país.
A fines de 2022, el gobierno camboyano aceleró la reubicación de las familias que viven en este sitio arqueológico, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en terrenos ubicados a 25 kilómetros de Angkor, antiguamente dedicados al cultivo del arroz.
Este programa de reubicación, dicen las autoridades, tiene como objetivo proteger la integridad del sitio, amenazado por la expansión de la población local, por los desechos generados y el uso excesivo de agua.
Si el Gobierno sostiene que los habitantes acceden plenamente a ser reubicados, el organismo internacional denuncia «amenazas implícitas» a las que se exponen las poblaciones en caso de negativa. “Estos son desalojos forzosos encubiertos ya gran escala. Se presionó a las personas para que se ofrecieran como voluntarias y se les hizo temer represalias si se negaban a irse o desafiaban las deportaciones”, dijo Ming Yu Hah, subdirector regional de Amnistía en un comunicado. Además, las personas afectadas por este programa no fueron consultadas en las reglas, y no fueron advertidas con suficiente antelación.
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En detalle, las personas realojadas reciben un derecho de propiedad sobre un terreno de 20 metros por 30, 350 dólares, tarjeta sanitaria y chapa para el techo de su futura casa que deben construir. “Las autoridades camboyanas deben poner fin de inmediato a esta dañina campaña de desalojos que amenaza gravemente con empobrecer a miles de familias”, añadió Ming Yu Hah.
Long Kosal, portavoz del organismo público que administra el sitio (Apsara), se negó a comentar sobre la declaración de Amnistía. El primer ministro Hun Sen, que ha gobernado el reino con puño de hierro durante casi 40 años, advirtió que los templos de Angkor serán eliminados de la lista del patrimonio mundial si no se reubica a los habitantes. Según las directrices de la Unesco, las reubicaciones deben llevarse a cabo con el consentimiento de las personas interesadas y las comunidades locales deben ser las principales beneficiarias del turismo.
