Ciudad de Panamá, Panamá – Durante la sesión del jueves 26 de septiembre, se desencadenaron reacciones entre los diputados de la bancada independiente Vamos después de que se rechazara en primer debate el proyecto de ley que buscaba inhabilitar de forma permanente a aquellas empresas condenadas por corrupción para poder contratar con el Estado.
La propuesta recibió cinco votos en contra por parte de diputados de la Comisión de Economía y Finanzas, tanto del Partido Revolucionario Democrático como de Realizando Metas. Por otro lado, los votos a favor provinieron de diputados de las bancadas de Vamos, Partido Panameñista y Partido Popular.
La jefa de la bancada de Vamos, Janine Prado, expresó su descontento ante el rechazo al proyecto, señalando que esta decisión deja en evidencia la discrepancia entre las palabras del presidente José Raúl Mulino sobre la lucha contra la corrupción y las acciones de algunos diputados en el Legislativo que votaron en contra de la propuesta.
Prado destacó que sus colegas no solo se opusieron al primer debate, sino que también rechazaron la opción de llevar la iniciativa a una subcomisión para enriquecer el debate y llegar a un consenso en beneficio del país y la lucha contra la corrupción. Según la diputada independiente, las justificaciones de los legisladores que votaron en contra representan un doble discurso utilizado para defender lo indefendible.
A pesar del revés sufrido, Prado afirmó que trabajarán en reorganizar la idea del proyecto, ya que ahora cuentan con fundamentos para mejorarlo. Por su parte, el diputado proponente del anteproyecto de ley, Augusto Palacios, reveló que 10 empresas condenadas por delitos contra el Estado mantienen contratos vigentes con instituciones públicas.
Palacios resaltó la ironía de que, precisamente en la misma sesión donde se rechazó el proyecto, se estaba solicitando un traslado de partidas por 630 mil para pagar a una de estas empresas condenadas por corrupción desde 2017. Lo más grave es que los representantes de esta empresa confesaron haber cometido actos corruptos, pero nunca fueron inhabilitados.
«Es injusto para los panameños que estas empresas sigan beneficiándose de fondos estatales en nuestro país», afirmó Palacios.
### Impacto en la lucha contra la corrupción
El rechazo al proyecto de ley que buscaba inhabilitar a empresas condenadas por corrupción para contratar con el Estado ha generado controversia en el ámbito político panameño. Esta decisión plantea interrogantes sobre el compromiso real de las autoridades y legisladores en la lucha contra la corrupción y el manejo transparente de los recursos públicos.
La negativa a prohibir a empresas corruptas de participar en contrataciones con el Estado envía un mensaje contradictorio a la sociedad panameña, que exige medidas contundentes para erradicar la corrupción en todas sus formas. La impunidad con la que ciertas empresas continúan operando a pesar de haber sido condenadas por actos ilícitos pone en entredicho la eficacia de las leyes y mecanismos de control existentes.
### Reacciones y críticas
Diversos sectores de la sociedad panameña han manifestado su descontento ante el rechazo del proyecto de ley, considerando esta decisión como un obstáculo en la lucha contra la corrupción y una muestra de la falta de compromiso de algunos sectores políticos con la transparencia y la rendición de cuentas.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de voluntad política para combatir la corrupción y han instado a las autoridades a tomar medidas más enérgicas para garantizar la integridad en las contrataciones públicas y prevenir la impunidad de empresas con antecedentes corruptos.
### Perspectivas futuras
Ante el rechazo del proyecto de ley, los diputados y defensores de la iniciativa han señalado la importancia de reevaluar y mejorar la propuesta para presentarla nuevamente en el futuro. La reorganización de la idea del proyecto se presenta como una oportunidad para fortalecer las medidas anticorrupción y promover la transparencia en las contrataciones públicas.
Es fundamental que las autoridades y legisladores panameños trabajen en conjunto para establecer mecanismos efectivos que impidan la participación de empresas corruptas en contratos con el Estado y garanticen la protección de los recursos públicos. La sociedad civil jugará un papel crucial en la vigilancia y el seguimiento de las acciones gubernamentales para prevenir y sancionar la corrupción.
En conclusión, el rechazo del proyecto de ley que buscaba inhabilitar a empresas condenadas por corrupción para contratar con el Estado representa un retroceso en la lucha contra la corrupción en Panamá. Es imperativo que las autoridades y legisladores actúen con determinación y compromiso para fortalecer las medidas anticorrupción y promover la transparencia en la gestión pública.