A un número creciente de personas se les ha negado el permiso para salir de China, donde el presidente Xi Jinping ejerce un mayor control sobre la población, advirtió el martes un grupo de derechos humanos. Desde 2018, se han promulgado o modificado cinco leyes para ampliar la posibilidad de imponer prohibiciones de salida, que se suman a otras diez leyes que ya existen, según el grupo de derechos Safeguard Defenders con sede en Madrid.
“Desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012, China ha ampliado el panorama legal de las prohibiciones de salida y las ha utilizado cada vez más, a veces sin ninguna justificación legal”, dijo el grupo en un informe.
Entre 2016 y 2020, la cantidad de casos en los que aparecen prohibiciones de salida en la base de datos de la Corte Suprema de China se multiplicó por ocho, según el informe. «Las prohibiciones de salida se han convertido en una de las muchas herramientas utilizadas por el Partido Comunista Chino en sus esfuerzos por reforzar el control sobre todos los aspectos de la vida de las personas», agregó el informe.
“Muchos ni siquiera son conscientes de ser objeto de una prohibición de salida del territorio hasta que están en la frontera e intentan salir del país”, prosigue el texto. Las leyes locales que rigen el uso de prohibiciones de salida son «vagas, ambiguas, complejas y extensas», dice el informe, y señala que a menudo es «imposible» apelar tales decisiones.
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Reconociendo que la falta de datos oficiales dificulta obtener cifras precisas, el informe sitúa el número de ciudadanos chinos actualmente bajo tales prohibiciones en decenas de miles. Sobre la base de testimonios de «abogados y defensores de los derechos humanos en China», Safeguard Defenders afirma que las «prohibiciones de salida por motivos políticos» también han aumentado en los últimos cinco años.
A varias docenas de ciudadanos extranjeros también se les ha prohibido salir de China en los últimos años, según el organismo, incluidos abogados, periodistas y ejecutivos de empresas. Según un estudio publicado el año pasado, a 128 extranjeros, incluidos 44 canadienses, se les prohibió salir del territorio entre 1995 y 2019.
