La Fiscalía Europea anunció el martes 28 de marzo que había destapado en Bélgica un sistema de fraude del IVA sobre bienes importados de China sospechoso de haber permitido más de 300 millones de euros en evasión fiscal.

Cuatro personas fueron detenidas y diez registros realizados en diferentes lugares de Bélgica, en particular en Zeebrugge (norte) y en el aeropuerto de Lieja (este), una de las principales plataformas europeas de comercio electrónico con China. “Se estima que las actividades investigadas han causado, entre 2019 y 2022, daños de al menos 303 millones de euros en IVA evadido y 6,6 millones de euros en derechos de aduana”, dijo en un comunicado de prensa la Fiscalía Europea (EPPO, según a las siglas en inglés).

El dinero se habría desviado en perjuicio del contribuyente europeo a través del procedimiento aduanero conocido como «CP42», que establece que un importador está exento de IVA en el país de la UE por el que transita la mercancía antes de ser vendida en otro Estado miembro.

Pero se declararon destinos finales falsos, gracias al uso de empresas ficticias en Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia y España, según la fiscalía europea. Por lo tanto, el IVA de estos bienes (equipos electrónicos, juguetes y cantidad de accesorios) fue retenido por el vendedor. “Los bienes finalmente se vendieron al consumidor final, quien pagó el precio total de los productos, incluido el IVA”, explica el comunicado. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que este impuesto pagado por el consumidor final “nunca ha sido declarado ni pagado a ninguna administración tributaria por la supuesta organización criminal”.

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Según el diario belga L’Echo, la firma en el centro de la investigación es la empresa de logística Easylog Solutions, que sirvió como relevo en Bélgica para un sistema fraudulento desarrollado por los chinos. Este es uno de los archivos más grandes hasta la fecha para la sección belga de la fiscalía europea.

Esta jurisdicción, en la que participan 22 países de la UE, se puso en marcha en junio de 2021 con la tarea de investigar y enjuiciar los delitos que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión, incluido el fraude transfronterizo del IVA y la delincuencia transnacional.