Delitos informáticos en Panamá: aumento del 113% en los últimos meses
La rápida evolución tecnológica y el incremento en el uso de internet han traído consigo numerosos beneficios, pero también han generado un entorno propicio para la ciberdelincuencia. Actualmente, los delitos informáticos han dejado de ser una preocupación exclusiva de las grandes corporaciones para convertirse en una amenaza que afecta a individuos, pequeñas y medianas empresas, así como a gobiernos a nivel global. Esta situación plantea serios retos para la seguridad y la privacidad en la era digital.
Según expertos en ciberseguridad, en 2022 al menos una de cada cinco personas en el mundo sufrió algún tipo de ataque cibernético. Este fenómeno no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también afecta la confianza de los usuarios en el entorno digital. Se estima que estos tipos de delitos podrían costar a la economía global más de 10 billones de dólares anuales para 2025. Una pérdida económica que tiene consecuencias sociales, dado que la confianza en las plataformas digitales se ve erosionada, lo que puede afectar el comercio en línea y la interacción social.
**Aumento del 113% en los delitos informáticos en Panamá**
A pesar de ser un país de referencia en ciberseguridad, Panamá también enfrenta diversos retos en torno a este tema. Según las estadísticas presentadas en el informe sobre la marcha de la administración de justicia, se registró un aumento del 113% en los delitos contra la seguridad informática durante el período de junio de 2023 a mayo de 2024, en comparación con el período anterior de junio de 2022 a mayo de 2023.
Este incremento refleja un aumento sustancial en diversas conductas punibles, como el acceso ilícito a bases de datos, redes o sistemas informáticos; así como el apoderamiento, modificación y uso indebido de bases de datos, entre otras conductas. De igual forma, datos de la División de Ciberdelitos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) revelan que, en lo que va de 2024, se han registrado más de 2,000 denuncias relacionadas con fraude; 122 por venta de vehículos, 410 por ventas a través de redes sociales, 95 por venta de terrenos y 1,435 por otros tipos de fraudes y estafas.
Los ciberdelincuentes utilizan diversas tácticas para llevar a cabo sus actividades ilegales. Entre las más comunes se destacan phishing, ransomware y suplantación de identidad.
**Respuesta legal y normativa para combatir la ciberdelincuencia**
Ante el incremento de la ciberdelincuencia, en el país se ha comenzado a implementar medidas para fortalecer el marco legal. Una de ellas es el proyecto de ley N°61, que adopta medidas contra la ciberdelincuencia y establece otras disposiciones. Este proyecto fue presentado ante la Asamblea Nacional por el procurador general, Javier Caraballo Salazar, en representación de la Procuraduría General de la Nación.
La fiscal superior contra la propiedad intelectual y seguridad informática, Ledie Machuca, explica que los principales objetivos de la propuesta se centran en adecuar nuestra legislación al Convenio de Budapest y responder al aumento de conductas ilícitas no contempladas en el Código Penal. A su vez, establecer penas más severas para quienes cometan estos delitos. Este proyecto busca reformar el Código Penal, introduciendo nuevas conductas delictivas y modificando otras existentes, reformar el Código Procesal Penal para otorgar más facultades al fiscal en la obtención de pruebas digitales, y establecer normas de cooperación internacional para garantizar una respuesta más rápida y eficaz entre países.
Machuca señala que la nueva legislación introduce al Código Penal diversos delitos contra la seguridad informática, como la interceptación ilícita de datos y el sabotaje informático, que implica ataques que interrumpen parcial o totalmente el sistema. También se busca sancionar el abuso de dispositivos, es decir, la creación o modificación de dispositivos o programas con el fin de cometer delitos informáticos.
**Suplantación de identidad y prevención de delitos informáticos**
Otro delito relevante es la suplantación de identidad, que ha aumentado considerablemente en el país, donde las personas se identifican como otras para obtener beneficios económicos o información confidencial. La ley también contempla el delito conocido como “grooming”, que implica el contacto con menores de edad en línea con intenciones ilícitas. De igual forma, un delito no tipificado en el país y que también se pretende incluir es aquel relacionado con la difusión de material sexual explícito sin el consentimiento de la persona titular de dichas imágenes, independientemente de cómo se obtuvieron. Asimismo, se refuerzan las normas sobre delitos relacionados con el abuso sexual infantil, cambiando el término “pornografía infantil”, dado que los niños no producen pornografía, sino que son víctimas de abuso.
El proyecto de ley también propone la inclusión de un capítulo específico que regule la evidencia digital, abarcando aspectos cruciales como su preservación y la obtención en tiempo real de datos relacionados con el tráfico o el contenido. Estas medidas son indispensables para garantizar la integridad y disponibilidad de las pruebas en un entorno digital, donde la información puede ser fácilmente alterada o destruida. Se destaca que la regulación clara y precisa de la evidencia digital es clave para asegurar que las investigaciones cibernéticas sean efectivas y robustas, protegiendo así los derechos procesales y fortaleciendo la lucha contra la ciberdelincuencia.
Machuca manifestó que las plataformas digitales juegan un rol clave en la prevención y que la propuesta se prevé con el tiempo desarrollar campañas de concienciación sobre estos delitos y educar a la población. La fiscal destacó la importancia de que los ciudadanos protejan su información personal, verificando que las organizaciones a las que proporcionan datos los utilicen únicamente para los fines previstos. Usar la autenticación en dos pasos y ser cautelosos al abrir enlaces sospechosos son prácticas esenciales para proteger la información confidencial y evitar delitos como estafas o fraudes financieros.