En la Ciudad de Panamá, se ha presentado una denuncia penal contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia alega que la alcaldesa ha cometido delitos como extralimitación de funciones, abuso de autoridad, peculado, infracción de deberes y omisión de deberes públicos a través del Decreto Municipal N°8 del 20 de agosto de 2024, el cual establece más de 90 sanciones municipales y lleva la firma de Peñalba.
Según Abdiel González, abogado denunciante, el numeral 63 del decreto impone multas de entre 1,000 y 2,500 dólares a conductores que establezcan piqueras de forma inapropiada para el abordaje o acopio de personas, sin el permiso correspondiente. González argumenta que estas sanciones ya están contempladas en el Reglamento de Tránsito de Panamá, lo que podría constituir un abuso de autoridad por parte de la alcaldesa.
La denuncia también menciona que el numeral 61 del decreto establece una multa de 500 dólares para quienes se estacionen en espacios asignados para personas con discapacidad sin el carné correspondiente. Sin embargo, el abogado señala que este asunto no es competencia municipal y que el monto correcto de la multa es de 300 dólares, regulado por otras entidades.
Se ha cuestionado si la alcaldesa Peñalba está imponiendo dobles sanciones a los ciudadanos por las mismas faltas. A pesar de intentar obtener una respuesta de la alcaldesa, no se ha recibido al momento de redactar esta nota.
El Decreto Municipal N°8 de 20 de agosto de 2024 ha generado controversia por las sanciones impuestas y los montos de las multas, llegando a tener resonancia internacional. Uno de los puntos más polémicos fue la multa para los dueños de perros cuyos ladridos superen los 50 decibelios, aunque ante la oposición de la población, Peñalba se vio obligada a modificar este aspecto del decreto.
Otro aspecto a considerar es la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por parte de otros abogados, quienes argumentan que varios numerales del Decreto Municipal violan la Constitución y las leyes panameñas.
Es importante tener en cuenta que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos sobre decretos municipales. En una ocasión, declaró ilegal un decreto emitido por el entonces alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, relacionado con multas por estacionar vehículos en aceras, zonas verdes y espacios públicos, al no cumplir con lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la ATTT.
Estos casos ponen de manifiesto la importancia de que los decretos municipales se ajusten a la legalidad y respeten las competencias de las diversas entidades reguladoras en Panamá.