El abogado Gilberto Marulanda, reconocido defensor de los derechos estudiantiles en la Universidad de Panamá, ha presentado una denuncia impactante contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. La acusación se centra en un presunto abuso de autoridad y la violación flagrante de la autonomía universitaria. Los hechos que desencadenaron esta denuncia tuvieron lugar el viernes 31 de enero, durante una manifestación pacífica frente al campus universitario en rechazo a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, y el controversial proyecto de ley 163 que busca reformar la Caja de Seguro Social.
El ambiente de la protesta, inicialmente tranquilo, cambió drásticamente cuando un altercado confuso entre los estudiantes y un miembro de la Policía Nacional desencadenó una escalada de violencia. Los estudiantes afirman que una mujer fue agredida, mientras que las autoridades de seguridad denuncian una agresión a uno de sus uniformados. La tensión en el campus universitario alcanzó su punto álgido en medio de empujones y forcejeos, con acusaciones de violencia de ambas partes.
Los detalles de la denuncia y la respuesta de las autoridades
El abogado Marulanda detalló que durante la manifestación, el jefe de la zona se aproximó a los manifestantes y empujó a una estudiante, desencadenando una cadena de eventos violentos. En medio de la confusión, una joven resultó gravemente herida, lo que Marulanda calificó como un acto condenable por parte de una institución que debería actuar con mesura y respetar los protocolos de control en manifestaciones. La magnitud de la violencia desplegada en este incidente es inédita y genera preocupación en la comunidad estudiantil.
El abogado expresó su rechazo a cualquier acto de violencia y subrayó la importancia de defender la institucionalidad en medio de la crisis. Desde el año 2002, Marulanda señaló que los miembros de la Policía han violado repetidamente la autonomía de la Universidad, ingresando armados sin autorización y afectando a los niños del Caipi. Estas violaciones sistemáticas han generado un clima de tensión y desconfianza en la comunidad estudiantil.
Por su parte, Hilary Acevedo, una de las estudiantes supuestamente agredidas, relató su experiencia durante el volanteo pacífico que se vio interrumpido por la llegada del oficial. Según Acevedo, el policía comenzó a gritar y agredir verbalmente a los estudiantes, desencadenando una serie de eventos que culminaron en una agresión física hacia ella. Los videos que circulan en redes sociales muestran claramente la violencia ejercida por el oficial contra la estudiante, provocando un repudio generalizado en la sociedad.
La reacción de las autoridades y el proceso legal en curso
Tras el altercado, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se presentó en el lugar y solicitó permiso al rector Eduardo Flores para ingresar al campus universitario, una petición que fue rechazada debido a las restricciones impuestas por la ley universitaria. La negativa a permitir el acceso del director de la Policía generó tensiones adicionales y evidenció la ruptura de confianza entre ambas instituciones.
En respuesta a los hechos, la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público informaron sobre la aprehensión de dos jóvenes presuntamente implicados en la agresión a un miembro de sus filas. Este martes 4 de febrero, se llevará a cabo la audiencia de control de garantías para esclarecer los eventos y determinar las responsabilidades correspondientes. La sociedad panameña aguarda con expectación el desenlace de este caso que ha sacudido los cimientos de la Universidad de Panamá y la Policía Nacional.
En conclusión, el enfrentamiento entre los estudiantes universitarios y la Policía Nacional ha dejado al descubierto grietas en la relación entre ambas instituciones, así como una preocupante escalada de violencia en el seno de la sociedad panameña. La denuncia por abuso de autoridad y la violación de la autonomía universitaria plantea desafíos significativos en términos de respeto a los derechos humanos y la protección de los espacios de libre expresión en el país. La justicia deberá desentrañar los hechos y restablecer la confianza en las instituciones para evitar conflictos futuros y fomentar un clima de diálogo y respeto mutuo.
