El director del Idaan se encuentra bajo escrutinio por solicitar $630 mil a una empresa corrupta
El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, se enfrentó a fuertes críticas durante su primera presentación ante la Comisión de Presupuesto. Diputados de la bancada independiente Vamos cuestionaron enérgicamente su solicitud de $630 mil para pagar una adenda a la Constructora MECO, encargada de trabajos en la red de abastecimiento en el área de San Francisco, distrito de Panamá.
Después de una extensa sesión, la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Sergio Chello Gálvez, aprobó el traslado de partida para la empresa MECO con ocho votos a favor y cinco en contra.
Los cuestionamientos se centraron en la solicitud de Villarreal de sacar el dinero de la partida destinada al proyecto de Almirante en la provincia de Bocas del Toro, para destinarlo a mejorar el acueducto de San Francisco en la ciudad de Panamá. El director del Idaan explicó que el proyecto de Almirante había sido resuelto a través del Tribunal de Contrataciones Públicas, por lo que los fondos debían ser utilizados en otros proyectos de la entidad, como los trabajos en San Francisco que se encuentran entre un 94 y 98 por ciento de avance.
Villarreal también mencionó que el proyecto en San Francisco, a cargo de la Constructora MECO, data de 2015 y defendió la necesidad de honrar el pago, aunque admitió que no se ha solicitado una auditoría sobre ese contrato.
Sin embargo, los diputados de la bancada independiente Vamos objetaron el traslado de partida debido a que la Constructora MECO había firmado un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público panameño en relación al caso ‘Blue Apple’. Este acuerdo, firmado el 1 de diciembre de 2017 según una certificación de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, generó preocupaciones sobre la legitimidad de realizar pagos a una empresa con antecedentes de corrupción.
El diputado Augusto Palacios fue uno de los primeros en cuestionar el traslado de partida, señalando que la empresa MECO se declaró culpable en el caso Blue Apple. Recordó que recientemente la Comisión de Economía y Finanzas había rechazado un proyecto que permitía a empresas condenadas por corrupción seguir contratando con el Estado.
Otro diputado que expresó su preocupación por el pago a la empresa MECO fue Betsarai Richards, quien cuestionó si era apropiado realizar dicho traslado apenas tres días después de asumir el cargo. Villarreal defendió la continuidad de la obra en San Francisco, argumentando que se trata de un proyecto en marcha que debe ser completado.
Ante las preguntas de los diputados sobre el pago a una empresa con antecedentes penales, el director del Idaan enfatizó que se trata de una decisión técnica basada en un contrato existente y en el avance de la obra. Aclaró que la entidad no es responsable de investigar cuestiones penales, ya que esa es tarea del Ministerio Público. Villarreal subrayó su compromiso de cumplir con las obligaciones contractuales dentro de los límites legales establecidos.
A pesar de las objeciones planteadas por los diputados de la bancada independiente Vamos, la Comisión de Presupuesto aprobó el traslado de partida para la Constructora MECO. Esta decisión generó un intenso debate sobre la integridad y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, así como sobre la responsabilidad de las autoridades en la contratación y supervisión de empresas con antecedentes de corrupción.
El caso de la Constructora MECO y su implicación en el caso ‘Blue Apple’ ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos más rigurosos para garantizar la idoneidad de las empresas contratadas por el Estado. Los diputados han expresado su preocupación por la posibilidad de que se sigan beneficiando empresas vinculadas a actos ilícitos, lo que podría socavar la confianza en las instituciones públicas y en el sistema de contratación gubernamental.
Es fundamental que las autoridades responsables de la administración de los recursos públicos actúen con transparencia y diligencia en la selección y supervisión de los contratistas, asegurando que se cumplan los estándares éticos y legales en todas las etapas de los proyectos de infraestructura y servicios públicos. La rendición de cuentas y la integridad deben ser pilares fundamentales en la gestión de los fondos públicos, garantizando que se priorice el interés general y se evite cualquier forma de corrupción o malversación.
La polémica en torno al traslado de partida para la Constructora MECO subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la gestión de los recursos públicos, así como de promover una cultura de integridad y responsabilidad en todas las instancias del gobierno y la administración pública. La sociedad panameña espera que las autoridades actúen con rectitud y transparencia en la toma de decisiones que afectan el patrimonio y el bienestar de todos los ciudadanos.