La gestión de Laurentino Cortizo en la industria minera: análisis de los 500 millones invertidos y desafíos enfrentados
La administración del expresidente Laurentino Cortizo dejó a su sucesor una herencia complicada en la industria minera, con un entramado de irregularidades que ahora está siendo desentrañado por el nuevo gobierno. El presidente José Raúl Mulino, quien asumió el poder el 1 de julio, ha revelado una serie de inconsistencias que han dado pie a presentar denuncias penales, revelando la opacidad en la gestión de los fondos destinados a la actividad minera.
El caso más emblemático ha sido el de los 500 millones de dólares entregados por la empresa Minera Panamá en 2023, cuyo uso no ha sido debidamente justificado. Según el presidente Mulino, no se sabe con exactitud en qué se utilizaron esos fondos, ya que ingresaron a la cuenta del Tesoro Nacional por solicitud del exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. A pesar de que el contrato era explícito en cuanto al uso de dichos fondos, la falta de transparencia ha generado incertidumbre sobre su destino real.
El presidente Mulino ha instado a su gabinete a realizar auditorías que han revelado una serie de irregularidades, incluyendo la desaparición de bienes del Estado, inconsistencias en contratos y una preocupante gestión de recursos públicos. Estos hallazgos han puesto en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, sentando las bases para una nueva era de gobierno en Panamá.
**Escándalos durante la administración Cortizo**
Durante el mandato de Cortizo, se hicieron notorios varios casos de corrupción que cuestionaron la integridad de su gobierno. Entre los más polémicos se encuentran la adquisición de ventiladores a sobreprecio durante la pandemia, la descentralización paralela y los controvertidos auxilios económicos. Estos escándalos dejaron una sombra sobre la administración saliente y sentaron el escenario para una administración de Mulino centrada en la transparencia y la rendición de cuentas.
Uno de los casos más recientes de corrupción fue la denuncia de la desaparición de 300 vigas de acero, valuadas en unos 300 millones de dólares, que estaban destinadas para trabajos de mantenimiento del puente de Las Américas. Estas vigas estaban almacenadas en un patio del Ministerio de Obras Públicas y su desaparición ha puesto en evidencia la falta de controles en el manejo de los bienes del Estado. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, reveló que había paralizado una serie de licitaciones debido a irregularidades en el proceso.
**Desafíos en la gestión de recursos públicos**
Otro escándalo que ha sacudido al país es la desaparición de más de 200 armas de fuego por parte de la Policía Nacional. Esta situación, que se remonta a años anteriores, ha generado preocupación y ha llevado a la institución a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos. La falta de control en el manejo de armamento representa un grave riesgo para la seguridad pública y evidencia la necesidad de una mayor supervisión en las instituciones del Estado.
El Ministerio de Ambiente también ha sido objeto de escándalos, como el caso del arrendamiento de dos locales comerciales por un total de 68.580 dólares que nunca fueron utilizados. Este mal uso de los recursos públicos ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, evidenciando la falta de supervisión en la gestión de contratos por parte de la administración anterior. La pérdida de información en la base de datos del ministerio ha complicado aún más la situación, generando dudas sobre la integridad de la gestión de recursos naturales del país.
**Irregularidades en la adquisición de maquinaria**
En el Ministerio de Salud, se descubrió que se habían pagado por adelantado 10 millones de dólares por tres camiones perforadores que nunca estuvieron en Panamá durante el proceso de compra. Las máquinas fueron entregadas en el último día de la administración de Cortizo, sin manuales técnicos en idioma americano, lo que ha impedido su utilización para los fines previstos. Esta irregularidad ha sido denunciada ante el Ministerio Público para investigar la posible malversación de fondos y la gestión inadecuada de los recursos públicos en el sector de la salud.
En total, más de 800 millones de dólares se han utilizado en gestiones cuestionables durante la administración Cortizo, lo que representa una lesión patrimonial para el Estado. La falta de transparencia en la gestión de fondos públicos ha generado descontento en la población, que exige una mayor rendición de cuentas y una investigación exhaustiva de las irregularidades cometidas. Hasta el momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre estas denuncias, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones en curso.
**Conclusiones**
La gestión de Laurentino Cortizo en la industria minera ha dejado un legado de irregularidades y corrupción que han impactado negativamente en la transparencia y la eficiencia del Estado. La falta de control en el manejo de fondos públicos ha generado una crisis de confianza en las instituciones gubernamentales y ha puesto en entredicho la integridad de la administración anterior.
El presidente José Raúl Mulino ha asumido el desafío de desentrañar las irregularidades heredadas y de restablecer la confianza en el gobierno. Su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para reconstruir la credibilidad del Estado y para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos en beneficio de la sociedad panameña. La lucha contra la corrupción y la malversación de fondos debe ser una prioridad para el nuevo gobierno, que enfrenta el reto de restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.