El impacto del nuevo presupuesto en el sector educativo: ¿cumple con la ley?
La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó el nuevo presupuesto ante la Asamblea Nacional para su análisis. La gran pregunta que surge es si este presupuesto cumple con los requisitos mínimos para el gasto educativo, según lo establecido en la Ley 362 de 2023.
La Ley 362 de 2023 fija un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del año anterior para el sector educativo en 2023, y del 7% a partir de 2024 en adelante. Aunque no especifica si este 7% se calcula en relación al PIB del año anterior, se puede inferir que es así.
El PIB de 2023 fue de $79,000 millones y se estima que para 2024 sea de alrededor de $80,580 millones. Al calcular el 7% de este monto, se obtiene $5,640 millones, que es el monto que debe destinarse al sector educativo en 2025, según la ley.
El presupuesto presentado asigna $3,581 millones al Ministerio de Educación (Meduca) y un total de aproximadamente $5,162 millones a todas las instituciones relacionadas con la educación, incluyendo el Inadeh. Sin embargo, este monto es inferior al requerido por la ley.
Además, el Meduca asigna fondos significativos a instituciones descentralizadas, lo que hace necesario ajustar el cálculo para evitar duplicar el gasto. Al hacer este ajuste, el monto efectivo destinado a educación es de $3,984 millones, por debajo de lo exigido por la ley.
El ministro Chapman ha mostrado flexibilidad en las negociaciones presupuestarias, buscando acuerdos que se ajusten a las necesidades del país. A pesar de aumentar el gasto en comparación con la propuesta inicial y asignar fondos adicionales a la Asamblea Nacional, el presupuesto para el próximo año sigue siendo inferior al actual y al del año pasado.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea está en sesión permanente para discutir el presupuesto, dividiéndose en dos subcomisiones para agilizar el proceso. Sin embargo, esta rapidez puede dificultar la revisión y transparencia necesarias en el proceso presupuestario.
En resumen, el nuevo presupuesto plantea desafíos en cuanto al cumplimiento de la ley en el gasto educativo. Las negociaciones en la Asamblea serán clave para determinar si se logra un equilibrio entre las necesidades del sector educativo y la situación económica del país.
