Le Figaro Niza
Desde hace más de diez años, la ciudad de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) aprobó un decreto que regula la vestimenta de baño durante el período de verano en su territorio. En otras palabras: nada de burkini en la playa y en la piscina municipal. Una cuestión de higiene primero, luego de seguridad pública.
El 7 de julio, el tribunal administrativo de Niza validó esta decisión sin la menor dificultad. Pero diez días después, el Consejo de Estado lo anuló en apelación de la Liga de Derechos Humanos (LDH). La máxima autoridad administrativa de Francia dictaminó que el municipio no había mencionado ninguna perturbación «reciente» del orden público relacionada con el burkini, a excepción de algunos hechos de larga data y un contexto general de amenaza terrorista después de los ataques en Niza en 2016 y 2020. No es suficiente para justificar la prohibición de la vestimenta musulmana, incluso si sería probable que cuestionara el laicismo sobre la base de la separación entre el Estado y las religiones.
Sébastien Leroy, alcalde (LR) de Mandelieu, expresó inmediatamente su consternación. “La República acaba de ceder nuevamente al comunitarismo y al islamismo”, lamentó el 18 de julio en un comunicado de prensa. Para el concejal, “esta decisión “parisina” es testimonio de una desconexión total con la realidad sobre el terreno y el día a día de los alcaldes ante situaciones cuya magnitud y gravedad nadie parece querer medir”. Y para agregar: «Mientras las mujeres luchan y mueren para recuperar su libertad en todo el mundo, Francia permite que su esclavitud se desarrolle en su propio suelo en nombre de los Derechos Humanos».
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Aunque recordó que los alcaldes son los «actores esenciales» en la seguridad de su municipio, Sébastien Leroy finalmente apeló a la ley. En este caso a la diputada de la 8ª circunscripción de los Alpes Marítimos, Alexandra Martin. Figura local de los republicanos, cercana al alcalde de Cannes David Lisnard, la parlamentaria se mostró bastante dispuesta a echar una mano al alcalde de Mandelieu. “Actualmente, las facultades otorgadas a los alcaldes […] se refieren únicamente a criterios de seguridad e higiene. Los edificios y equipamientos municipales no están sujetos al estricto respeto del principio de laicidad y nada prohíbe llevar allí el burkini”, apunta. La diputada ve en este vestido “el signo del proselitismo político y religioso, pero también de la esclavitud de las mujeres en un momento en que luchan, con riesgo de su vida, en todo el mundo, por recuperar su libertad”.
Alexandra Martin todavía cree que usar el burkini es «un acto político islámico». Por eso, en consulta con los líderes de su familia política, incluido su vecino de circunscripción Éric Ciotti, decidió el martes llevar al hemiciclo un proyecto de ley destinado a prohibir el uso del burkini en playas y piscinas. Si bien hoy prevalece el caso por caso, esta propuesta pretende aplicar “los principios de neutralidad y laicismo”, en los lugares en cuestión pero a escala nacional. “Estoy convencida de que esta ley ayudaría a muchas mujeres”, dice.
Según una encuesta del instituto CSA para CNEWS, cuyos resultados se publicaron el 20 de julio, seis de cada 10 franceses (62 %) se opondrían a llevar burkini y les gustaría que se prohibiera en la playa.
