El presidente José Raúl Mulino no escatimó en sus críticas hacia el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) después de los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar el 12 de febrero en la avenida Balboa. En una conferencia matutina el 13 de febrero, Mulino calificó al sindicato como una “mafia” y acusó a sus miembros de comportarse como “delincuentes sindicales” al cometer lo que él describió como un “intento de asesinato indiscriminado” contra la Policía Nacional.
Según el mandatario, el uso de la edificación en construcción del nuevo Hospital del Niño como trinchera para lanzar objetos como bloques, varillas, tanques, piedras y carriolas desde una altura de más de 20 metros fue un acto premeditado que resultó en un “delito agravado”. Mulino fue enfático al pedir que se haga justicia y se acabe con la impunidad de estos actos, manifestando su determinación en que se aplique la ley de manera contundente.
Después de establecer comunicación con la empresa Acciona, encargada de la construcción del hospital, se acordó mantener el proyecto cerrado mientras el Ministerio Público recopila las pruebas necesarias para llevar a juicio a los responsables de los disturbios. Asimismo, se instó al CEO de la empresa a tomar medidas, recordándole que se trata de un contrato con el Estado. Mulino también emitió una advertencia a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) para que no sean “cómplices” de las acciones del Suntracs, al que acusó de terrorista sindical.
En un tono desafiante, Mulino advirtió a los miembros del Suntracs que enfrentarán las consecuencias de sus acciones y que el gobierno no tolerará la anarquía pseudosindicalista en el país. Anunció que la Contraloría de la República está llevando a cabo auditorías a todos los sindicatos, incluido el Suntracs, y que no se aprobarán más fondos hasta conocer los resultados. El presidente dejó claro que no permitirá que fondos del pueblo subvencionen acciones consideradas como “fascinerosas”.
El operativo policial resultó en la detención de 514 personas, con 74 individuos ya identificados en relación con los disturbios, según informó el director de la Policía Nacional. La contundencia de las acciones del gobierno y la determinación de aplicar la ley con firmeza marcan un punto de inflexión en la relación entre el Estado, el sector de la construcción y los sindicatos.
Enfrentamientos en Avenida Balboa: Trabajadores podrían enfrentar varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio
A pesar de los esfuerzos del gobierno por restablecer el orden y la legalidad tras los disturbios entre trabajadores y la Policía Nacional, el ambiente de tensión persiste en Panamá. La posibilidad de que se presenten cargos por tentativa de homicidio contra algunos de los trabajadores involucrados en los enfrentamientos es una señal clara de la gravedad de la situación.
Expertos legales han señalado que los actos de violencia cometidos durante los disturbios podrían constituir delitos graves, lo que podría llevar a consecuencias legales significativas para los responsables. La tentativa de homicidio es un delito que se castiga con penas severas en la legislación panameña, lo que plantea un escenario complicado para aquellos que participaron en los actos violentos.
La importancia de mantener la paz social y el respeto por la ley en una sociedad democrática como Panamá no puede ser subestimada. Los ciudadanos, las autoridades y los actores involucrados en el conflicto deben trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas y constructivas que eviten futuros episodios de violencia y confrontación. La aplicación justa y equitativa de la ley es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
