La UE concluyó el jueves un acuerdo para reformar su mercado eléctrico, en particular para promover la inversión en energías libres de carbono -incluido el átomo-, tras agrios debates sobre el marco del apoyo público a las centrales nucleares existentes. Este acuerdo, firmado entre los Estados miembros y los eurodiputados tras una noche de conversaciones finales, «estabilizará los mercados a largo plazo (…) ofrecerá electricidad más asequible y mejorará la competitividad industrial», celebró la ministra española de Energía, Teresa Ribera, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE.
Tras el aumento de los precios de la electricidad el año pasado, esta reforma pretende en particular reducir las facturas de los hogares y las empresas gracias a contratos a largo plazo -a precios decididos de antemano- que permitan suavizar el impacto de la volatilidad de los precios del gas. El texto adoptado también pretende ofrecer una mayor previsibilidad a los inversores mediante el uso de «contratos por diferencias» (CFD) a un precio garantizado por el Estado para cualquier apoyo público a las inversiones en nuevas instalaciones de producción de electricidad libre de carbono (renovable o nuclear).
En este mecanismo, si el precio del mercado mayorista es superior al precio fijado, el productor debe devolver los ingresos adicionales obtenidos al Estado, que puede redistribuirlos entre los consumidores. Por el contrario, si el precio es inferior, el Estado paga una indemnización. Los CFD se aplicarán a la financiación pública «en las nuevas centrales eléctricas», según el acuerdo, que deja la puerta abierta a mecanismos equivalentes «que tengan los mismos efectos» que los CFD en caso de ayudas públicas basadas en el precio a largo plazo, subraya el comunicado de prensa del Consejo, sin más detalles.
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Es este punto el que ha provocado la mayor tensión, entre los Estados y en el Parlamento Europeo, en particular sobre la extensión del mecanismo a las inversiones destinadas a prolongar la existencia de las centrales nucleares existentes: Francia ve en los CFD una herramienta esencial para apoyar la futura renovación de su envejecida flota. En cuanto a la redistribución de los ingresos procedentes de los CFD, otro motivo de discordia, el acuerdo alcanzado el jueves “ofrece flexibilidad” a los Estados, que podrán optar por redistribuirlos a los consumidores finales (empresas, hogares) en función de su consumo, pero también a para financiar inversiones en el sector o apoyar planes de reducción de facturas, un punto clave para reforzar la competitividad industrial del continente.
El texto también prevé, en caso de un nuevo aumento duradero de los precios, el desencadenamiento de una situación de crisis a nivel europeo que permita a los Estados adoptar medidas tipo escudo de precios para proteger a los hogares y empresas vulnerables. El compromiso prevé que el Consejo de la UE (que reúne a los Estados) tendrá el poder de decretar tal crisis «a propuesta de la Comisión Europea», evitando «distorsiones o fragmentación indebida» del mercado común.
Finalmente, el texto refuerza la protección de “los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética”. «Europa tendrá un mercado eléctrico socialmente justo, gracias a medidas que garantizarán precios asequibles y acelerarán la transición energética», comentó el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, ponente del texto.
