Anoche, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional votó para suspender las vistas presupuestarias y aprobar el presupuesto en primer debate. Esto se hizo para finalizar el debate antes del cierre de la semana, debido a la presión por las sesiones extraordinarias anunciadas por el presidente José Raúl Mulino para discutir reformas a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.
En cuanto a la constitucionalidad, la Constitución establece que corresponde al Órgano Ejecutivo elaborar el proyecto de Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo examinarlo, modificarlo, rechazarlo o aprobarlo. Sin embargo, no se especifica si este examen puede ser parcial, ni se detallan los parámetros de la revisión.
Por otro lado, el Código Fiscal detalla que las sesiones en la Comisión de Presupuestos para la aprobación del presupuesto deben ser diarias y con participación de diversos actores, como los ministros de Estado. Además, el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional reconoce el derecho de los ministros de Estado y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a participar en la Comisión de Presupuesto, aunque no como obligación.
En términos de discreción, no hay un reconocimiento explícito en las normas de la necesidad de vistas presupuestarias con todas las instituciones. Parece que este derecho está reservado principalmente para los ministros de Estado. Sin embargo, el reglamento interno de la Asamblea Nacional permite la participación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en las sesiones de la Comisión de Presupuesto.
Con la aprobación acelerada del presupuesto en primer debate, el Gobierno Central puede avanzar en su agenda legislativa, pero corre el riesgo de perder legitimidad social. Los errores detectados en el proceso presupuestario plantean dudas sobre la calidad y transparencia del presupuesto, lo que podría generar problemas durante su ejecución el próximo año.
Es importante considerar que la premura en la aprobación del presupuesto puede tener consecuencias a largo plazo y afectar la confianza en la gestión gubernamental. La falta de un proceso de revisión exhaustivo podría resultar en errores no detectados que afecten la eficacia del presupuesto y la prestación de servicios públicos.
