Estudiantes universitarios rechazan acciones policiales en protesta del viernes
La tensa situación entre los integrantes de la Universidad de Panamá y la Policía Nacional persiste después de los incidentes ocurridos el viernes 31 de enero por la tarde. En medio de las manifestaciones contra la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se desencadenó un altercado entre un oficial y un grupo de estudiantes, generando un conflicto que aún no ha sido resuelto.
Denuncia por abuso de autoridad y medidas cautelares
Este martes, ambas instituciones llevaron a cabo acciones paralelas en medio del conflicto. La Universidad de Panamá presentó una denuncia contra el director de la Policía Nacional por presunto abuso de autoridad y violación a la autonomía universitaria. Por otro lado, dos estudiantes supuestamente relacionados con la agresión al oficial enfrentaron una audiencia de garantías en la que se les impusieron medidas cautelares.
En una conferencia de prensa el miércoles, voceros de la UP denunciaron la ilegalidad de la detención de la estudiante Tamara Ortíz, argumentando que el Ministerio Público no pudo justificar el allanamiento a la joven. Señalaron que, cuando el juez solicitó los informes que respaldaban los golpes y lesiones sufridos por la estudiante, estos no fueron proporcionados. Además, la fiscalía no logró demostrar los delitos por los cuales se detuvo a los estudiantes ni identificarlos.
Critican la denominación del operativo como «operación ratón», realizando allanamientos a siete personas, lo que consideran una estigmatización hacia la comunidad universitaria y los movimientos sociales. El despliegue de más de 100 oficiales durante los allanamientos, que comenzaron temprano en la mañana, fue calificado como un exceso de fuerza policial por parte de los voceros.
El juez de garantías determinó que los estudiantes acusados de agredir al oficial deben mantener una notificación periódica mientras se llevan a cabo las investigaciones.
Reacción y perspectiva experta
Ante estos eventos, Nicanor Álvarado, experto en derechos humanos, compartió su opinión sobre la situación. Él enfatizó la importancia de respetar los derechos de los estudiantes y garantizar un proceso legal justo y transparente. Álvarado mencionó que es fundamental que las autoridades actúen de acuerdo con la ley y eviten cualquier tipo de abuso de poder en situaciones de conflicto como esta.
La tensión entre la Universidad de Panamá y la Policía Nacional continúa en aumento, con ambas partes defendiendo sus posturas y buscando justicia en un escenario marcado por la confusión y la controversia. La sociedad panameña observa con atención el desenlace de este enfrentamiento, esperando que se logre una solución pacífica y equitativa para ambas partes involucradas. La transparencia y la imparcialidad en las investigaciones serán clave para restablecer la armonía en el ambiente universitario y la relación entre las autoridades y los estudiantes.
