Le Fígaro Nantes
Las pocas caravanas en mal estado fueron evacuadas el viernes por la mañana. Lo mismo para la docena de familias que los habitaban y vivían en condiciones cuanto menos espartanas. Bajo la influencia de una expulsión prevista para el 2 de noviembre, el barrio marginal de inmigrantes del Este, instalado ilegalmente en el distrito prioritario de Malakoff en Nantes, en terrenos pertenecientes a la ciudad, acaba de ser vaciado dos semanas después. La prefectura de Loira Atlántico, que había suspendido el caso, decidió actuar a pesar de las protestas políticas en curso que denunciaban la falta de una solución de realojo para las familias romaníes.
A principios de mes, en un comunicado de prensa, dos diputados del LFI – Ségolène Amiot y Andy Kerbrat – elegidos en la región metropolitana de Nantes denunciaron una expulsión “indigna de un ayuntamiento socialista” que no “responde a nuestro deber de humanidad y fraternidad hacia estas personas precarias. El grupo ecologista y ciudadano denunció una “situación inaceptable e impensable” que había generado un “desacuerdo reconocido” con el resto de la mayoría municipal encabezada por la alcaldesa del PS, Johanna Rolland. Las diferencias políticas son analizadas con amargura por algunos vecinos de la favela, como observó in situ Le Figaro el miércoles, dos días antes del desalojo aún pendiente. “Los funcionarios electos vienen unos minutos, hacen una publicación en las redes sociales y luego se van. Sufrimos a diario”, susurró Mariama.
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El hombre de 40 años denunció la incivilidad, un entorno degradado y describió un barrio complicado. Khadija, otra residente de la zona, se hizo eco: “No puedo soportarlo más. Los desechos se acumulan y las ratas también”. En cuanto al Sporting Club de Nantes, club de fútbol cuyas instalaciones lindan con el barrio pobre, la observación también fue severa. Un voluntario describió “la presencia de excrementos en el campo”, “problemas de higiene”, “deterioro” y “incendios de neumáticos” que a veces ardían durante ciertos entrenamientos de los 475 practicantes autorizados. “Hace poco vino una joven a registrarse. Al ver el campamento y este ambiente, se dio vuelta”, informó un entrenador. En la misma línea, una madre confesó que había inscrito a su hijo en el club pero no a su hija por los mismos motivos. Un lastre para este club de barrio cuya vocación es “la emancipación de la mujer a través del deporte” y cuyo único equipo adulto es femenino.
Contactado por teléfono el jueves por la tarde, Jérémy Hadjres, presidente del club, no se anduvo con rodeos en vísperas de la expulsión de la que desconocía. Exasperado por dos años y medio de convivencia “difícil”, abordó “mecánicas salvajes”, “perros que atacan a los miembros” y “problemas de prostitución”. Él también se quejó de los gases tóxicos: “La semana pasada quemaron cobre durante el entrenamiento, lo que irritó los pulmones de los niños”. Suficiente para frenar el buen funcionamiento del club. “Tenemos una pérdida de miembros y el desarrollo de la sección femenina se ralentiza”, dijo desesperado. La imagen de la estructura también resultó dañada: “Cuando recibimos a clubes rivales, se preguntan adónde van”, lamentó, añadiendo que el aparcamiento estaba “destrozado”. Como pudo observar Le Figaro, está salpicado de numerosos agujeros llenos de agua estancada debido a las incesantes lluvias de este otoño. “Para proteger el acceso a nuestras instalaciones, se colocaron enormes bloques de hormigón a la entrada de una calle que nos impide aparcar cerca o hacer que nos los entreguen”, lamentó el presidente del club.
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El 10 de noviembre, el club lanzó una petición online para denunciar la convivencia con el fin de “proteger el club”. Cerrado desde entonces, había acumulado más de un centenar de firmas en pocos días. Una iniciativa que fue criticada por algunos internautas en las redes sociales acusando al club de “racismo”. Un vocabulario retomado por los dos diputados del LFI, que en un comunicado publicado el jueves por la tarde denunciaron la “instrumentalización de los adolescentes” del club para “presionar al ayuntamiento”.
Esta postura despertó la ira de Jérémy Hadjres. “Es una patraña política y una recuperación que me decepciona. Somos un club de barrio con una importante diversidad. No queremos perjudicar a los gitanos, simplemente decir que la convivencia en estas condiciones es imposible”, afirmó el hombre que destaca su doble nacionalidad franco-argelina para poner fin a las acusaciones vertidas.
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Contactado este viernes pocos días antes del desalojo, el ayuntamiento de Nantes confirmó “problemas de inseguridad y tranquilidad” relacionados con la presencia del barrio marginal. Se mencionaron las mismas dificultades que las del club de fútbol: presencia de excrementos, desechos. “También hubo agresiones verbales y problemas con mordeduras de perro”, confirmó a Le Figaro Pauline Langlois, representante electa del barrio, que mencionó al menos dos denuncias presentadas.
“Compartimos la ambición de encontrar soluciones para las familias y seguimos movilizados para garantizar la educación de los niños”, aseguró, precisando que el municipio está “actuando responsablemente” en esta cuestión. Por el momento, tras la expulsión de este viernes por la mañana, no se ha podido contactar con la prefectura para conocer la suerte de las familias desalojadas. En las redes sociales, varios vecinos ya han denunciado la situación actual.