Exrepresentantes de corregimiento bajo escrutinio por mal uso de fondos de descentralización
La descentralización, un tema que ha estado en boca de todos en Panamá, ha vuelto a tomar relevancia en la agenda política del país. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha iniciado su conferencia semanal con un asunto que él mismo describe como «llevado y traído, no de ahora sino de hace mucho tiempo atrás»: la rendición de cuentas sobre los fondos de descentralización.
En este sentido, Mulino ha solicitado a la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, que otorgue un plazo de 60 días a los representantes no reelectos y reelectos para que presenten un informe detallado de cómo utilizaron los $140 millones asignados, ya que hasta el momento no se dispone de información al respecto.
Ante la falta de transparencia en el uso de estos fondos, Méndez ha comenzado a enviar 685 notas a las juntas comunales para exigir justificaciones sobre el destino de los recursos. De no recibir respuestas en el plazo establecido, el procurador de la Nación, Javier Caraballo, intervendrá con el Ministerio Público en estos gobiernos locales.
Mulino ha expresado su preocupación por la falta de información disponible, afirmando que los fondos fueron transferidos sin control ni criterio, lo que califica como un uso indebido del dinero del pueblo para fines políticos. Enfatizó la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos y señaló que no permitirá que se juegue con el dinero de los ciudadanos.
El presidente recordó que de los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no fueron reelegidos debido a este despilfarro. Esta situación se originó tras una reunión con Roxana Méndez, donde Mulino descubrió lo que describió como un «total desastre con fondos públicos en la política».
Según sus declaraciones, entre 2021 y 2024 se habrían malgastado $320 millones en un programa de descentralización paralela, que operaba de forma independiente al programa oficial y no ha rendido cuentas ni informes de gestión. Tras investigaciones, se descubrió el uso discrecional de una cuenta financiera creada en 2018 bajo el nombre de subprograma de Interés Social, formalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Autoridad Nacional de Descentralización detectó que esta cuenta se utilizó para transferir sumas significativas a juntas comunales y municipios sin justificación ni propósito claro, lo que generó preocupación por el manejo inadecuado de los recursos. En un comunicado, la institución explicó que la cuenta estaba destinada a atender urgencias en los corregimientos y permitir respuestas rápidas, pero se constató que durante los años 2022 y 2023 se realizaron transferencias sin la debida justificación.
Ante esta situación, Roxana Méndez ha señalado que los montos transferidos superan los $150 millones y han sido recibidos por diversas juntas comunales, sin que exista una información detallada sobre su uso. Los fondos fueron reportados bajo el rubro de Asistencia Social en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de estos recursos.
La falta de rendición de cuentas y el uso indebido de los fondos de descentralización han generado preocupación en la sociedad panameña. La transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos son fundamentales para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo equitativo de todas las regiones del país.
Subheading 1: Desafíos en la descentralización de fondos públicos
La descentralización de fondos públicos ha sido un proceso complejo en Panamá, con desafíos y obstáculos que han dificultado su correcta implementación. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de estos recursos ha generado críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de este mecanismo para promover el desarrollo local.
La asignación de fondos de descentralización a los representantes de corregimiento ha sido objeto de polémica, especialmente ante la falta de información sobre su uso y la ausencia de mecanismos de control efectivos. La discrecionalidad en la transferencia de recursos ha permitido el mal manejo de fondos públicos y el desvío de recursos hacia fines políticos, en detrimento de las necesidades reales de las comunidades.
Subheading 2: Impacto en la gestión de los recursos públicos
El impacto de la mala gestión de los fondos de descentralización se refleja en la falta de obras y servicios públicos en numerosas comunidades del país. La ausencia de rendición de cuentas y la opacidad en el uso de los recursos han generado desconfianza en las autoridades locales y han socavado la credibilidad del sistema de descentralización.
La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos afecta directamente a la población, que ve cómo sus necesidades básicas no son atendidas debido al mal uso de los recursos destinados a mejorar su calidad de vida. La corrupción y el despilfarro de fondos públicos han provocado un deterioro en la infraestructura y los servicios públicos, lo que impacta negativamente en el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Subheading 3: Necesidad de reformas en el sistema de descentralización
Ante la crisis de transparencia y rendición de cuentas en la descentralización de fondos públicos, es imperativo implementar reformas que garanticen un uso eficiente y responsable de los recursos. Es necesario establecer mecanismos de control y supervisión que eviten la discrecionalidad en la asignación de fondos y aseguren que estos sean utilizados en beneficio de la comunidad.
La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos son pilares fundamentales de la democracia y el buen gobierno. Es responsabilidad de las autoridades garantizar que los fondos de descentralización se utilicen de manera eficaz y transparente, en línea con las necesidades reales de las comunidades y en beneficio del desarrollo sostenible del país.
En conclusión, la rendición de cuentas sobre los fondos de descentralización es un tema crucial en la agenda política de Panamá. La falta de transparencia y la opacidad en el uso de estos recursos han generado preocupación en la sociedad y han evidenciado la necesidad de implementar reformas que aseguren una gestión eficiente y responsable de los fondos públicos. Es fundamental promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos para fortalecer la democracia y garantizar el bienestar de la población.