El traslado de fondos por un monto de $1.2 millones solicitado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para indemnizar y expropiar más de 76 hectáreas en el área de El Progreso, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, ha sido suspendido. La inmobiliaria Río Pinzón, S.A. es la empresa que reclama el pago, pero no está registrada como propietaria del terreno en el Registro Público.
El ministro del Miviot, Jaime Jované, explicó que el proceso de indemnización ha estado en curso durante 24 años, desde el año 2000, y que el traslado de fondos daría inicio al proceso de legalización del terreno en cuestión. Se realizó una expropiación por «motivo de interés urgente» según el Decreto Ejecutivo No. 153 de septiembre de 2001, y también se decretó la expropiación de dos parcelas de terreno en junio de 2000.
A pesar de estos detalles, los diputados de la bancada independiente Vamos expresaron su preocupación por indemnizar a una empresa que no figura como propietaria en el Registro Público, sino que el Banco Hipotecario Nacional está registrado como propietario. El diputado independiente Jorge González cuestionó este hecho.
El ministro Jované aseguró que el pago del Miviot a la empresa permitiría que las personas que viven en ese terreno pudieran legalizar sus servicios básicos, como la electricidad y el agua, ya que actualmente no pueden hacerlo debido a la falta de titulación de sus parcelas.
Otro punto de discusión fue el hecho de que el dueño de la finca había solicitado el desalojo de la propiedad a los gobiernos locales en el pasado, pero esta solicitud no se cumplió. El diputado Betsarai Richards expresó su preocupación por el costo que representa para el Estado la falta de acción de los gobiernos locales en este asunto.
El diputado del partido Alianza, Osman Gómez, cuestionó por qué los gobiernos anteriores no pagaron y por qué el actual gobierno tiene que asumir esta responsabilidad. Jované se comprometió a proporcionar toda la documentación necesaria sobre la indemnización en respuesta a las quejas de los diputados.
Tras la suspensión del traslado de fondos, la Comisión solicitó al ministro que en una próxima presentación detallara la historia de la adquisición del terreno por parte de la empresa, las solicitudes de desalojo anteriores, el avalúo del terreno en cuestión, así como la certificación del Registro Público y la Autoridad Nacional de Tierras para determinar la propiedad del terreno.
En resumen, el Estado deberá pagar aproximadamente $12 millones en indemnización por este terreno en disputa.
