Juzga el horror. El ejército ruso, expulsado de Kiev el 31 de marzo de 2022, dejó una procesión de cadáveres, algunos incluso con las manos atadas a la espalda. “En Boutcha, un pueblo cercano, se han descubierto enormes fosas comunes que atestiguan crímenes de guerra”, informó el 3 de abril la periodista de Fígaro, Margaux Benn. El 4 de abril, Le Figaro publicó varios testimonios de otros terribles abusos del ejército ruso en la región. “Estos son crímenes de guerra, y serán reconocidos por el mundo como genocidio”, denunció el mismo día el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
En su último informe oficial, las autoridades ucranianas contabilizan 637 muertos durante la ocupación rusa de Boutcha. Aunque Rusia lo ve como «una acción escenificada», la policía ucraniana abrió una investigación desde entonces. Para apoyarlos, Francia también envió gendarmes. Por su parte, Amnistía Internacional publicó, el 6 de mayo, los resultados de su propia investigación que conducen a la culpabilidad de las fuerzas rusas. El 22 de diciembre, el diario estadounidense New York Times declaró culpable de las masacres a la unidad: el 234º Regimiento de Paracaidistas.
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“El 95% de las personas recibieron disparos con rifles de precisión u otras armas pequeñas”, dijo el jefe de policía de la región de Kiev, Andriy Nebitov, el 15 de abril. Unos días después, el 28 de abril, diez soldados rusos también fueron procesados por presuntos delitos cometidos en Boutcha, según informó el Fiscal General de Ucrania en su cuenta de Telegram. Más allá de la investigación ucraniana, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, acudió por su parte a Boutcha el 13 de abril y calificó a Ucrania como “escena del crimen”.
Desde entonces, han continuado las investigaciones de la policía ucraniana, pero sigue pendiente la cuestión del arresto y el juicio de los culpables. Un año después, ni la Corte Penal Internacional ni otros estados han abierto una investigación sobre los crímenes cometidos en Boutcha. Además, el 17 de marzo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por su responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos en Ucrania: «deportación ilegal de población (niños) y transferencia ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas». de Ucrania a la Federación de Rusia».
