La inhabilitación de empresas de por vida: debate constitucional y transparencia en riesgo
El pasado miércoles, la Asamblea Nacional de Panamá rechazó una propuesta que buscaba impedir que empresas condenadas por actos de corrupción pudieran contratar de manera permanente con el Estado. Esta iniciativa, que no logró superar el primer debate, representa un revés para los esfuerzos por promover la transparencia en los procesos de contratación pública en el país.
Propuesta rechazada por la Asamblea Nacional
Establecer que empresas que hayan confesado actos de corrupción no puedan contratar con el Estado no es una propuesta nueva en la lucha contra la corrupción en Panamá. Esta medida ha sido un clamor ciudadano y ha sido impulsada anteriormente, como en el caso del quinquenio pasado cuando una propuesta similar presentada por el independiente Gabriel Silva tampoco logró ser aprobada como ley, a pesar de haber pasado un segundo debate.
La propuesta 14, que fue rechazada en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional con cinco votos en contra y cuatro a favor, generó controversia entre los diputados. Aunque la mayoría de los legisladores estaban de acuerdo con el espíritu de la norma, se opusieron a que se analizara en una subcomisión.
Críticas constitucionales a la propuesta
El rechazo a esta iniciativa no solo provino de los diputados, sino también de entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría de la Administración. En una nota enviada por el MEF a la Comisión, se argumentó que el proyecto de ley 14 era inconstitucional y violaba derechos fundamentales y garantías del debido proceso establecidos en la Constitución panameña.
Según el análisis del MEF, el impedimento de contratación permanente para empresas condenadas por corrupción no se basa en una sentencia penal que imponga una pena o sanción por un delito, lo cual va en contra del principio de estricta legalidad establecido en la Constitución. Además, se cuestiona que la responsabilidad penal es personal y no puede extenderse a terceros sin un debido proceso legal.
Por su parte, la Procuraduría de la Administración también señaló que la propuesta era jurídicamente inviable, ya que los efectos de una sanción penal como la inhabilitación no deberían aplicarse a terceros que no hayan sido declarados responsables en un proceso penal.
Impacto en las micro y pequeñas empresas
El diputado Augusto Palacio argumentó que la propuesta podría afectar a las micro y pequeñas empresas, ya que se estarían imponiendo penas accesorias en materia penal. Sin embargo, el Procurador sostuvo que la Constitución panameña establece claramente quiénes tienen la facultad de proponer proyectos de ley, como el caso del proyecto rechazado en la Asamblea.
Defensa y rechazo a la propuesta
La presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, la diputada Dana Castañeda, defendió el proceso de rechazo a la propuesta y afirmó que los diputados tienen la libertad de votar y que esa decisión debe ser respetada. Por otro lado, la diputada Janine Prado lamentó que el proyecto no haya pasado del primer debate y destacó la importancia de que la ciudadanía fiscalice cómo legislan los diputados.
El diputado Gabriel Silva ha expresado su intención de seguir insistiendo con una propuesta similar hasta lograr que las empresas condenadas por corrupción no puedan contratar con el Estado. El respaldo ciudadano a esta medida también ha sido evidente, con exdiputados como Juan Diego Vásquez apoyando la inhabilitación definitiva a empresas y personas condenadas por corrupción.
En conclusión, la propuesta de inhabilitar de por vida a empresas condenadas por corrupción para contratar con el Estado ha generado un intenso debate en Panamá. A pesar de los argumentos constitucionales en contra, la lucha por la transparencia en los procesos de contratación pública continúa siendo un tema prioritario para muchos sectores de la sociedad panameña.