Después del tiempo de las tormentas, el de la administración. El viernes pasado, en Bretaña, Emmanuel Macron se pronunció por “restablecer la vida normal lo antes posible” activando el estado de catástrofe natural “dondequiera que podamos hacerlo”. Una declaración tranquilizadora para las aproximadamente 120.000 víctimas. Se espera que esta cifra aumente aún más en los próximos días. «Sin duda hay muchas peticiones que aún no se han presentado, porque se ha cortado la electricidad, el teléfono aún no se ha restablecido», advirtió este martes por la mañana el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Antes de reiterar la promesa hecha por el jefe del ejecutivo a las víctimas de las inundaciones en Alta Francia: «Para todos los lugares donde ha habido inundaciones, puede haber un régimen de catástrofes naturales».
Entonces una posibilidad. Porque el procedimiento de reconocimiento de desastres naturales es un proceso administrativo largo, donde existen numerosas validaciones y sellos. Y si la luz verde del presidente puede acelerar las cosas, no menos de siete pasos obligatorios separan a la víctima de su cheque de reparación. Un vía crucis administrativo donde se reúnen víctimas, alcaldes, prefectos, ministros y aseguradores.
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La obra comienza con la declaración de desastre. Una vez finalizado el fenómeno meteorológico extraordinario, las víctimas deberán comunicar el incidente a su compañía de seguros y los daños sufridos al ayuntamiento. Es el turno de entrar en escena el concejal. Tiene dieciocho meses para enviar al prefecto una solicitud oficial de reconocimiento del estado de catástrofe. Acompañado por una multitud de expertos, el prefecto sube al escenario. Su función: elaborar informes técnicos (meteorológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, etc.) y transmitir el expediente completo al Ministerio del Interior. Posteriormente, una comisión interministerial (que reúne a Interior, Hacienda, Presupuesto, Agricultura, Vivienda, etc., según el caso) se encarga de estudiar la solicitud y validarla. Este último se reúne mensualmente, o excepcionalmente si fuera necesario. Los ministros (Interior, Hacienda y Presupuesto) adoptan conjuntamente un decreto que reconoce o no el estado de catástrofe natural y lo publican en el Diario Oficial. Se reconoce entonces el estado de catástrofe natural para todo el municipio y sus habitantes. Fin del primer acto.
El resto es menos tormentoso. Una vez publicado el decreto, la prefectura notifica su publicación a los alcaldes, quienes a su vez informan a las víctimas. Ha llegado el momento: la aseguradora debe finalmente pagar la indemnización. El propietario del bien dañado recibe entonces una suma dentro del límite de las garantías contratadas, “sólo para los bienes cubiertos por el contrato de “daños materiales”, precisa el sitio web de la prefectura del Norte. El importe de la transferencia lo determina inicialmente el asegurado, que dispone de diez días a partir de la publicación del decreto para enviar a su compañía aseguradora un presupuesto de los daños y una copia del decreto. Una vez validado el presupuesto por ambas partes, las aseguradoras disponen de tres meses para compensar los daños materiales directos y no asegurables relacionados con el suceso.
