El Ministerio de Gobierno en Panamá ha presentado una propuesta para ampliar las facultades de los jueces de paz en el marco de la Justicia Comunitaria de Paz. Esta propuesta busca otorgar a los jueces de paz la capacidad de tomar decisiones más contundentes, similar a lo que hacían los corregidores en el pasado.
Una de las principales modificaciones propuestas es que los jueces de paz podrán dictar órdenes de alejamiento y desalojo inmediato del agresor en casos de violencia. Además, podrán emitir boletas de protección y ordenar inspecciones inmediatas para proteger a las víctimas de violencia o amenazas. Estas medidas de protección inmediata no estaban contempladas en la ley anterior, que se centraba más en la resolución de conflictos menores a través de la mediación.
La propuesta del Ministerio de Gobierno también plantea que la Justicia Comunitaria de Paz pase a formar parte de la jurisdicción del Ministerio de Gobierno, en lugar de depender de las autoridades municipales como ocurría anteriormente. Esto implicará que el presupuesto para el funcionamiento de las casas comunitarias de paz y los salarios de los jueces de paz serán responsabilidad del Ministerio de Gobierno.
Además, se establece la necesidad de una mayor formación y certificación en métodos alternos de resolución de conflictos para los jueces de paz. También se contempla el funcionamiento nocturno de las Casas de Justicia y la implementación de medidas provisionales inmediatas en casos de violencia o conflictos graves.
En cuanto al proceso de selección de los jueces de paz, se propone que se realice a través de una convocatoria pública y que una Comisión de Selección y Control Disciplinario se encargue de evaluar y seleccionar a los candidatos. Esta comisión estará integrada por representantes del Consejo Municipal, la sociedad civil, la Junta Comunal, el Gobernador de la provincia y el Alcalde del municipio respectivo.
En resumen, la propuesta del Ministerio de Gobierno busca fortalecer y ampliar las facultades de los jueces de paz en el marco de la Justicia Comunitaria de Paz, con el objetivo de brindar una mayor protección a las víctimas de violencia y conflictos en las comunidades. Esta propuesta se suma a otras iniciativas de reforma de la Ley N° 16 que se encuentran actualmente en debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.