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La presentación de propuestas en las mesas de trabajo de la Caja de Seguro Social ha concluido, y ahora se buscará un consenso entre todas las sugerencias presentadas por los distintos sectores para elaborar la propuesta de ley que se discutirá en la Asamblea Nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confía en que se llegará a un acuerdo, ya que cada propuesta tiene aspectos importantes que pueden ser considerados. Además, en el último consejo de gabinete se aprobarán sesiones extraordinarias para esta discusión.

Francisco Bustamante, relator de las mesas, mencionó que el lunes 14 de octubre se revisaron todas las propuestas juntas y se identificaron los puntos de coincidencia y de disidencia. Se destacó que hay más puntos en común que diferencias entre las propuestas.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es el sistema de pensiones y jubilaciones. La mayoría de los grupos quiere volver a un sistema solidario, mientras que los pacientes crónicos aún están evaluando sus opciones. Por otro lado, la empresa privada propone un sistema de tres pilares.

Otro tema de desacuerdo es la aplicación de medidas paramétricas. Algunos trabajadores sugieren que estas medidas sean consideradas en último lugar, mientras que otros proponen que se apliquen al sector empresarial. Los empresarios consideran que las medidas paramétricas deben aplicarse.

El debate se centra en el sistema de pensiones, y la administración presentó un modelo basado en cuentas individuales que demostró que no resulta en pensiones de pobreza como argumentan algunos críticos. Se destacó que manteniendo similitudes con las medidas paramétricas, se pueden lograr tasas de reemplazo del 60%.

El tercer tema de desacuerdo es el financiamiento. La Caja ha logrado hacer frente a las pensiones hasta ahora gracias a malabares financieros internos, pero existe un déficit definido. Algunos proponen tomar dinero de los que cotizan en el sistema mixto para resolver el problema, sin embargo, esto solo solucionaría el problema a corto plazo y crearía conflictos a largo plazo.

En cuanto a la eliminación de jubilaciones especiales, como las de los miembros de las Fuerzas Públicas, se aclaró que la Caja solo paga lo que establece la ley, y los excedentes son cubiertos por el Estado. Esto alivia la situación, pero el problema radica en que la base de contribuyentes se reduce a medida que los cotizantes se convierten en beneficiarios sin un reemplazo.

Se espera que la próxima semana comience la discusión sobre el proyecto de reformas, aunque el verdadero debate tendrá lugar en la Asamblea Nacional. La dirección que tome este debate determinará el futuro del sistema de pensiones en Panamá.