**Proyecto de Ley en Panamá busca penalizar la venta ilegal de lotería**
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional en Panamá ha adoptado una propuesta ciudadana para convertir la venta clandestina de lotería en un delito. Esta iniciativa, promovida por José Clara, tiene como objetivo modificar el Código Penal para penalizar de manera más severa a quienes participen en esta práctica ilegal.
Detalles del Proyecto de Ley
Según la propuesta 186, aquellos que vendan lotería de forma clandestina, ya sea de manera física o electrónica, podrían enfrentar penas de prisión de 6 a 10 años. En casos en los que las ventas superen los $100 mil o haya reincidencia, la pena podría aumentar de 8 a 15 años de prisión. Además, se contempla imponer multas a los establecimientos comerciales que participen en esta actividad ilegal, con montos que oscilan entre $5,000.00 y $10,000.00, duplicándose en caso de reincidencia.
Objetivos de la Propuesta
Los impulsores de esta iniciativa buscan proteger los fondos públicos destinados a programas sociales y garantizar la transparencia en los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia. Según la abogada Angélica Van Lewin, esta medida es crucial para evitar que el Estado pierda ingresos significativos.
Por otro lado, Alfredo Sosa, representante del Sindicato de Billeteros, expresó su apoyo a la propuesta, destacando el impacto negativo que la venta ilegal de lotería tiene en los vendedores legales. Sosa señaló que actualmente más del 50% de los números son devueltos, lo que afecta directamente a los trabajadores del sector.
Próximos Pasos
La propuesta será debatida en las próximas semanas por la Comisión de Gobierno, liderada por el diputado Luis Eduardo Camacho. Se espera que este proyecto de ley genere un debate amplio y profundo en el ámbito legislativo, ya que tiene implicaciones importantes tanto para la legalidad de la actividad como para la protección de los trabajadores del sector.
En resumen, la lucha contra la venta ilegal de lotería en Panamá ha dado un paso importante con esta propuesta, que busca no solo penalizar a los infractores, sino también proteger los intereses de los ciudadanos y garantizar la transparencia en un sector clave para la economía del país.
