El martes 22 de octubre, la Asamblea Nacional de Panamá ratificó a Luis Gómez Rudy como procurador general de la Nación, con un total de 68 votos a su favor. Gómez Rudy, un abogado con 21 años de experiencia, reemplazará a Javier Caraballo en el cargo.
Anteriormente, Gómez Rudy representó al presidente en el caso Finmeccanica y defendió a Jorge “Churro” Ruiz en el caso Blue Apple. Sin embargo, ha declarado que su relación con el presidente ha sido de “cliente a abogado” y que priorizará la transparencia, objetividad e independencia en su gestión. También ha afirmado que no forma parte de ningún “círculo cero” y que su enfoque será la “cero tolerancia a la corrupción”.
Durante la sesión de la Comisión de Credenciales, Gómez Rudy aseguró que implementará la carrera en el Ministerio Público y actuará conforme a la ley, lo cual ha generado esperanzas entre los diputados, como Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino.
Por otro lado, la bancada de Vamos rechazó la designación de José María Herrera Ocaña como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorro, argumentando conflictos de intereses debido a su posición adinerada y sus conexiones familiares. El diputado Jhonathan Vega denunció recibir amenazas de muerte después de un altercado con Herrera Ocaña.
En cuanto a otras designaciones, Gerardo Irima fue ratificado como subdirector de la Autoridad de Recursos Acuáticos con 67 votos a favor y una abstención. En la Caja de Ahorro, Fernando Correa Jolly obtuvo 61 votos a favor, mientras que José María Herrera Ocaña recibió 42 votos a favor, 25 en contra y una abstención. En la Caja del Seguro Social, Rubén Darío Bastita Coba y Julio Centella fueron ratificados como representantes de los jubilados y pensionados y trabajadores, respectivamente, con 68 votos cada uno. Rodrigo Ramos Nieto y Madelaine Estribano Ortega fueron designados como suplentes en la CSS con 68 votos cada uno.
Estas designaciones han generado diferentes opiniones entre los diputados, evidenciando la importancia de la transparencia, la ética y la independencia en los nombramientos para cargos públicos en Panamá.