Le Figaro Marsella
Afirmaron acudir en ayuda de personas que ya estaban en dificultades, para poder aprovecharlas mejor. En un comunicado de prensa, la fiscalía de Marsella anuncia que ha descubierto un vasto sistema de estafas domésticas, perpetradas por personas que se hacen pasar por defensores de los consumidores. Los sospechosos se acercaban a sus víctimas en sus domicilios, todos los cuales tenían en común ser propietarios de paneles solares o bombas de calor financiadas a crédito.
«La práctica consistía en poner en duda la posibilidad de recuperar, mediante negociaciones amistosas, las sumas prestadas para la adquisición e instalación de paneles solares o bombas de calor, alegando una rentabilidad insuficiente de estas instalaciones», añade el comunicado.
«Los propietarios fueron contactados por personas que se decían delegados de una asociación de defensa del consumidor y se desplazaban hasta el domicilio de los consumidores, haciéndoles esperar una indemnización amistosa por daños de hasta 40.000 euros», añade la fiscalía de Marsella. Estos delegados de asociación dirigieron entonces al consumidor hacia una sociedad comercial con la que firmó un contrato de prestación de servicios, por un importe de varios miles de euros, aunque el contrato preveía el reembolso de esta suma en caso de incumplimiento del contrato. procedimiento.»
“De hecho, los llamados delegados de la asociación parecían en realidad vendedores pagados a comisión por la empresa y los procedimientos amistosos iniciados nunca dieron lugar a la compensación prometida, ni tampoco la cláusula que garantizaba el reembolso en caso de incumplimiento, precisa la fiscalía. Estas prácticas habrían aportado a la empresa y a la asociación varios millones de euros en cinco años”.
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A raíz de varias denuncias, la dirección general de competencia, consumo y represión del fraude (DGCCRF) de Doubs y Bouches-du-Rhône, la unidad interministerial de investigación del grupo de Marsella y la unidad de investigaciones digitales del servicio nacional de investigación.
Como resultado de las investigaciones, los directivos de una empresa y dos asociaciones fueron puestos bajo custodia policial el 6 de diciembre, acusados de prácticas comerciales engañosas en el marco de una banda organizada y de blanqueo de capitales. Durante los registros, los investigadores confiscaron más de 650.000 euros de las cuentas bancarias de los sospechosos, así como un coche.
“Al finalizar su detención, los acusados fueron puestos en libertad a condición de que acudieran posteriormente a una citación, prosiguiendo la investigación en el marco general de la lucha contra el fraude vinculado a los sectores de las escuchas telefónicas y de la renovación energética y del hogar, que están sujetos a cierre seguimiento por parte de los servicios de la DGCCRF”, especifica la fiscalía, que pide a los propietarios que actúen con cautela.