El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, ha generado un intenso debate sobre el futuro de los contratos mineros en Panamá. En una reciente declaración, Moltó compartió su opinión sobre el caso de la mina de cobre de Donoso, destacando que el presidente de la República ha situado este tema como el segundo en orden de prioridades.
Auditoría Ambiental: Un Paso Crucial hacia la Transparencia
Moltó reveló que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha confirmado la disponibilidad de los términos de referencia para la auditoría ambiental, mientras que su propia entidad ha preparado los términos para una auditoría integral. Esta colaboración, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la extracción de cobre en la región. Actualmente, están en proceso de contratar a una institución externa para llevar a cabo la auditoría, con el objetivo de analizar a fondo lo sucedido durante la operación minera.
El ministro enfatizó que el gobierno no tiene intenciones de negociar con ninguna parte mientras los arbitrajes estén en curso. En este sentido, aclaró que no se han celebrado reuniones con First Quantum Minerals debido a las restricciones legales existentes. Moltó también descartó la posibilidad de firmar nuevos contratos en el futuro cercano, y señaló que la Ley de Moratoria de la minería es un tema complejo que requiere un enfoque legal y social debido a su impacto en múltiples provincias y sectores.
Suspensión de Trabajos y Arbitraje Internacional: Un Escenario en Evolución
Tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la suspensión de los trabajos en la mina de Donoso, First Quantum Minerals anunció que el arbitraje internacional con el Estado panameño se pospuso hasta febrero de 2026. Esta reprogramación se debió a la necesidad del gobierno de evaluar la situación de la mina y el cambio en su equipo legal externo. La empresa canadiense expresó su disposición a colaborar con el proceso arbitral, a pesar de los desafíos planteados por la suspensión de las operaciones mineras.
En medio de estas controversias y desafíos legales, el presidente se reunió recientemente con proveedores de la mina para discutir la situación actual. Sin embargo, las restricciones legales y la incertidumbre generada por el fallo judicial han limitado las opciones de diálogo y negociación en el corto plazo. El impacto económico y social de la suspensión de las operaciones mineras sigue siendo una preocupación clave para las autoridades y las comunidades afectadas.
En resumen, el futuro de los contratos mineros en Panamá sigue siendo incierto, con múltiples desafíos legales y ambientales en juego. El proceso de auditoría integral y el arbitraje internacional son pasos cruciales hacia la transparencia y la resolución de conflictos en torno a la mina de Donoso. Mientras tanto, las comunidades locales, los proveedores y los trabajadores de la industria minera enfrentan un panorama de incertidumbre y cambios significativos en el sector. La resolución de estos conflictos requerirá un enfoque colaborativo y orientado hacia el bienestar de todas las partes involucradas.
