Condena internacional a la orden de detención de expresidentes
El Gobierno de Panamá ha rechazado de manera contundente la orden de detención emitida por el régimen venezolano contra siete expresidentes de la región, entre los cuales se encuentran los panameños Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso. En un comunicado emitido el jueves 9 de enero, el Gobierno panameño calificó esta acción como «un exabrupto jurídico y un nuevo atropello a los derechos humanos», impactando no solo al pueblo venezolano, sino a toda la región.
Panamá exige liberación inmediata de líder opositora
La declaración de rechazo por parte del Gobierno panameño se produjo después de que se conociera la presunta retención de la líder opositora María Corina Machado. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), Panamá exigió la liberación inmediata de Machado y condenó enérgicamente las acciones del gobierno de facto venezolano. Esta situación ha generado preocupación y rechazo a nivel internacional, dado el contexto de crisis política y social que atraviesa Venezuela.
Denuncia de la oposición venezolana y liberación de Machado
Según reportes de la oposición venezolana, María Corina Machado fue «retenida por la fuerza» durante una protesta contra la investidura de Nicolás Maduro. A pesar de la negación por parte del gobierno venezolano, que calificó el arresto como un «invento», Machado fue finalmente liberada a las pocas horas. La dirigente opositora, de 57 años, había reaparecido públicamente luego de un mes de ausencia tras las elecciones disputadas. Su equipo político denunció que fue interceptada, tumbada de la moto en la que se trasladaba, y forzada a grabar varios vídeos durante su secuestro antes de ser liberada.
Llamado a respetar la voluntad popular y la democracia en Venezuela
Panamá también instó a respetar «la voluntad popular del pueblo venezolano», haciendo referencia a la votación del 28 de julio de 2024, donde resultó electo como presidente Edmundo González Urrutia. Este incidente ha avivado el debate sobre el respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela, generando preocupación y condena por parte de la comunidad internacional. Es crucial mantener la presión para garantizar el respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales en la región.