Dos lecciones se aprendieron de esta novena jornada de movilización contra la reforma de pensiones, que se llevó a cabo el jueves 23 de marzo: fue masiva, pero también más violenta que las anteriores. Así lo retuvo toda la clase política, cuyas reacciones fueron muy diversas la mañana de este viernes.
Se han cruzado así “líneas rojas”, en palabras de la portavoz de los diputados renacentistas, Maud Bregeon. En France Info, el representante electo de Hauts-de-Seine instó a «todos los sindicatos» así como a «todas las fuerzas vivas del país» a adoptar un «discurso de firmeza», condenando las acciones de la sociedad civil edificios y policías. Su llamamiento se complementó posteriormente con el del ministro del Interior, Gérald Darmanin, que se comprometía a «condenar a la extrema izquierda» que acudía a las manifestaciones para «romper a la policía».
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Invitado a CNews, el inquilino de Beauvau también compartió las cifras resultantes de este día de protesta: «903 incendios de mobiliario urbano o cubos de basura en París», «457 arrestos en toda Francia» y «441 policías y gendarmes heridos». El balance es “difícil”, subrayó. Dijo también que estaba «preocupado» por «la presencia de la extrema izquierda extremadamente numerosa». “No creo en absoluto que se deba retirar este texto a cambio de violencia”, resolvió el número tres del Gobierno.
Una respuesta formulada a los argumentos de la izquierda, donde la violencia, aunque condenada, también se utiliza para presionar al ejecutivo. En el micrófono de BFMTV / RMC, el diputado La France insoumise François Ruffin evocó así tres «soluciones»: «el referéndum, la retirada, la dimisión». “Todas las soluciones pasan por que esté el pueblo, ¿cómo nos volvemos a juntar con el pueblo?”, preguntó. Antes de acusar al poder de «ignorar al país», asegura que «no saben lo que está pasando en el país y le están dando la espalda». «La pregunta hoy para nosotros es ¿qué hay que hacer para que el poder de allá oiga y podamos encontrar un camino de apaciguamiento para el país?», declaró el elegido.
François Ruffin también devolvió la pelota a la gestión del mantenimiento del orden, acusando al presidente de favorecer la “estrategia del caos”. “Tenemos una crisis que es profundamente política, que exige una cuestión política, y a la que damos una respuesta policial”, detalló, trazando un paralelismo con el mantenimiento del orden durante la crisis de los “chalecos amarillos”.
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“Es urgente que Macron acepte la mano tendida”, agregó el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel. Evocando a su vez «dos opciones»: la de retirarse del movimiento y dejar «al Presidente de la República ante el enfado del pueblo» -«y nadie puede saber cómo eso se puede traducir mañana»- y la de continuar «llamar a la movilización». El diputado también se plantea la cuestión de seguir sentado en la Asamblea Nacional, “como si nada hubiera pasado”.
Por su parte, el diputado del Rally Nacional, Sébastien Chenu, llamó a «que el país se calme». “Emmanuel Macron debe suspender esta reforma, que no busque imponérsela a los franceses”, formuló en LCI. Y llamar a Gérald Darmanin para «identificar los bloques negros, que los sancionemos enérgicamente». “La extrema izquierda lo pudre todo”, dijo. “Estos matones quieren terror. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este lío?», cuestionó también el jefe de los republicanos, Éric Ciotti en Twitter.
En medio, el jefe de la CFDT, Laurent Berger, celebró sin estridencias la renovada participación en las procesiones. Tras señalar «mucha, mucha gente» en las calles, el dirigente sindical condenó «una violencia inaceptable», lamentando con mayor razón que pudiera relacionarse con «los símbolos de la República». Estos desbordamientos «oscurecen» según él la crisis social, que sin embargo constituye «el fondo del sujeto», del mismo modo que la «crisis democrática» provocada por el recurso al artículo 49-3.
Preocupado por la ira que retumba en el país, Laurent Berger llamó al gobierno a «poner en pausa la reforma de las pensiones, calmar las cosas antes de una tragedia». El sindicalista habló de un “tiempo de diálogo” de seis meses para discutir más ampliamente la cuestión del trabajo, “por qué no con un mediador”. Una propuesta que ganó el consentimiento de Cyril Chabanier, presidente de la CFTC, entrevistado el viernes por la mañana en BFMTV. “En las empresas, cuando las cosas van muy mal, muchas veces hay mediadores […] que vienen a ayudar tanto a las organizaciones sindicales como al gerente de la empresa a salir de una crisis. Hacer lo mismo a nivel nacional es una buena idea”, dijo.