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En una audiencia celebrada en Chiriquí, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada logró que se decretara la detención provisional de una persona y se impusiera una condena de 60 meses de prisión para otra, ambas imputadas por el delito de tráfico de influencias en un caso de supuestos negocios con nombramientos, traslados y licencias para docentes en el Ministerio de Educación. Además, a los implicados se les suspendió de sus respectivos cargos de inmediato.

Estas medidas se tomaron después de presentar pruebas que vinculaban a los detenidos con actos de tráfico de influencias como parte de la operación «Capibara», dirigida por la fiscalía, que resultó en la captura de siete personas acusadas de cobrar altas sumas de dinero por la venta de nombramientos, traslados y licencias en el Ministerio de Educación (Meduca). El informe del Ministerio Público no especificó si la defensa del imputado apelará la decisión del juez.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, comentó sobre el operativo de nombramientos irregulares en el Meduca y mencionó que era un ‘secreto a voces’. Ante las reacciones de los dirigentes magisteriales, Molinar lamentó que consideraran la investigación como una «persecución», ya que la misma era realizada por el Ministerio Público y no por el Meduca. Recordó que la investigación data del año 2023, cuando ella no estaba en el Meduca.

Molinar señaló que la justicia actuó y todos los imputados fueron llevados ante los jueces con imputaciones, por lo que no se puede hablar de persecución. Instó a los dirigentes a colaborar para evitar que estas situaciones se repitan en el sistema educativo.

El operativo se llevó a cabo en varias provincias del país con allanamientos en Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste, Veraguas y Herrera. La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada realizó allanamientos el viernes pasado, capturando a siete personas que fueron llevadas a audiencia de garantías donde se legalizó la aprehensión, se les imputaron cargos y se dictaron diversas medidas cautelares. Algunas personas quedaron detenidas provisionalmente, mientras que otras tienen que presentarse periódicamente cada 15 días durante las investigaciones.

En el marco de la operación «Capibara», se identificó que una persona en Chiriquí cobró más de 50 mil dólares. La causa penal comenzó tras denuncias contra funcionarios de la entidad y particulares que ofrecían plazas de trabajo a cambio de dinero, solicitando entre 500 y 2,800 dólares.

En resumen, las detenciones provisionales, suspensiones de cargos y otras medidas cautelares se han tomado contra los implicados en la presunta venta de nombramientos irregulares en el Ministerio de Educación. La ministra Molinar insta a colaborar para prevenir estos actos en el sistema educativo.