La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ha realizado una serie de operativos para verificar la calidad de los servicios públicos en todo el país, centrándose principalmente en la energía eléctrica, telefonía y cable. Zulmar Rodríguez, administradora de la ASEP, informó que se han inspeccionado 3,359 km de líneas eléctricas y se han llevado a cabo 565 inspecciones para mejorar el servicio de energía eléctrica y la red de luminarias a nivel nacional.
Durante estas inspecciones, se verificaron 50,000 luminarias, de las cuales 3,800 estaban dañadas. Sin embargo, se logró reparar 3,500 de ellas. Además, se realizaron 3,198 podas y 2,177 adecuaciones a la red. Uno de los principales problemas detectados fue la falta de mantenimiento y poda, lo que ha llevado a multas y sanciones a empresas que no cumplen con los estándares requeridos.
A pesar de estos esfuerzos, los residentes de La Chorrera y Arraiján continúan experimentando problemas de fluctuaciones eléctricas, lo que ha causado daños a electrodomésticos y alimentos. Los afectados exigen medidas más estrictas por parte de las autoridades para evitar estas situaciones y recibir compensaciones por las pérdidas sufridas.
En cuanto a las causas de los apagones, se identificó el vandalismo y las conexiones ilegales como factores clave. ASEP está trabajando con las empresas de distribución para desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo que mejoren el servicio, incluyendo un mantenimiento adecuado durante todas las estaciones y las inversiones necesarias para garantizar un suministro estable. Se estima que cada empresa podría invertir alrededor de medio millón de dólares anualmente en estas mejoras.
En el ámbito de las telecomunicaciones, el vandalismo ha sido identificado como el principal problema. El plan de acción de la ASEP también incluye mejoras en la atención al cliente, la instalación de más torres para mejorar la cobertura y la adopción de nuevas tecnologías para servicios móviles.
En resumen, la ASEP está tomando medidas concretas para abordar las deficiencias en los servicios públicos, centrándose en la reparación y mantenimiento de infraestructuras críticas. Se espera que estas acciones mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y garanticen un servicio más confiable y seguro en el futuro.
