La Asamblea Nacional adoptó el miércoles una nueva lectura del presupuesto de la Seguridad Social para 2024, rechazando una moción de censura del LFI, antes de una adopción final prevista para los próximos días.
«Ésta es la única solución para evitar el bloqueo de nuestras instituciones y de nuestro país», afirmó la primera ministra Elisabeth Borne, criticando «las indignaciones exageradas». Esta moción «demuestra nuestra determinación de no dejar que sigan destruyendo impunemente nuestros servicios públicos», insistió Caroline Fiat (LFI).
El texto pasará ahora al Senado, antes de regresar a la Asamblea el viernes para su adopción final, probablemente a través de 49.3. El déficit de la Seguridad Social, estimado ahora en 8.700 millones en 2023, alcanzaría los 10.500 millones para todas las ramas combinadas en 2024 (frente a los 11.200 millones previstos en el texto inicial). Las cuentas están especialmente lastradas por el aumento de los gastos del seguro médico. El gobierno prevé contenerlos en el 3,2%, gracias al ahorro en el gasto en medicamentos, laboratorios de análisis e incluso bajas laborales.
El texto contiene medidas consensuadas: campaña de vacunación contra el virus del papiloma en la escuela, preservativos gratuitos para los menores de 26 años, reembolso de la protección periódica reutilizable para las mujeres menores de 26 años. Pero otras medidas intensifican la oposición, como la posibilidad de suspender la indemnización de un asegurado cuando un médico autorizado por el empresario considere injustificado su paro laboral, o la reducción del reembolso en caso de negativa a compartir el transporte sanitario. Aunque eliminó la mayoría de las adiciones del Senado, el gobierno hizo concesiones sobre el uso del plan complementario de pensiones Agirc-Arrco y el posible aumento de los deducibles médicos.
Sobre el primer expediente, aceptó que se debe aclarar que el acuerdo previsto entre Agirc-Arrco y el régimen general sólo podría utilizarse para equilibrar los regímenes especiales que han sido extinguidos. Después de dejar caer la amenaza de una sangría, confirma que el ejecutivo confía en los interlocutores sociales para llegar a un acuerdo sobre la contribución más amplia que espera de este régimen al sistema de pensiones. En cuanto a las franquicias, apoya el principio de solicitar la opinión de las comisiones de Asuntos Sociales del Parlamento antes de cualquier modificación de los importes o de las contribuciones fijas. Duplicar el resto que deben pagar los asegurados por los medicamentos (actualmente 50 céntimos por caja) y las consultas (un euro) sigue siendo una opción que se está considerando.
