Ayer, el presupuesto general del Estado fue aprobado al cierre de las sesiones ordinarias de la Asamblea. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que este presupuesto es más flexible de lo habitual, centrándose en cambios a medio camino en lugar de cifras iniciales.
En términos de magnitudes, es importante diferenciar entre el Gobierno Central y otras entidades. Mientras que ministerios, la Asamblea y la Corte Suprema dependen del financiamiento público, entidades como la Empresa Nacional de Autopistas y la Caja de Seguro Social cuentan con sus propios ingresos.
En el año 2023, los ministerios del Gobierno Central recibieron $10,443 millones. Esta cifra aumentó a $12,516 millones en 2024, generando críticas tanto internas como externas. Para el 2025, el presupuesto ajustado asignó $9,927 millones a los ministerios, una cifra inferior a la de 2023.
La Asamblea realizó cambios significativos al presupuesto original, logrando que los Ministerios del Gobierno Central reciban $11,613 millones en la versión final. Esto representa una disminución del 7.7% con respecto a 2024 y un aumento del 11.2% en comparación con 2023.
En términos específicos, el Ministerio de Educación recibirá $4,863 millones, destinando el 56% a funcionamiento y el 44% a inversión. El Ministerio de Salud obtendrá $2,489 millones, con un 83% para funcionamiento y el restante para inversión. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública recibirá $1,032 millones, mayoritariamente para funcionamiento.
El presupuesto de estos ministerios ha variado a lo largo de los años. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pasó de $2,786 millones en 2023 a $4,996 millones en 2024, y finalmente $4,863 millones en 2025. De manera similar, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad han experimentado fluctuaciones en sus presupuestos a lo largo de los años.
Además, otros órganos como la Asamblea Nacional, el Órgano Judicial y la Procuraduría General de la Nación también recibieron asignaciones presupuestarias. La Asamblea obtuvo un aumento de $10 millones, alcanzando un total de $98 millones. El Órgano Judicial recibirá $351 millones, mientras que la Procuraduría General de la Nación obtendrá $276 millones exclusivamente para funcionamiento.
Es importante tener en cuenta que estos cambios presupuestarios pueden afectar la implementación de programas importantes en el Órgano Judicial y el Ministerio Público que buscan brindar estabilidad a jueces y fiscales en Panamá.
