El sistema puesto en marcha por el gobierno británico para compensar a los migrantes caribeños de la «generación Windrush» es «no adecuado» y requiere una «reforma urgente», según un durísimo informe de la organización Human Rights Watch (HRW) divulgado este lunes.

La «generación Windrush» toma su nombre del barco Empire Windrush, desembarcado el 22 de junio de 1948 en las costas inglesas, con hombres y mujeres a bordo de Jamaica, las Bermudas o la Guayana Británica, llegando para traer al Reino Unido la mano de obra que faltaba en la posguerra.

Pero «Windrush» también es sinónimo de escándalo, uno de los peores en la historia migratoria del Reino Unido, revelado en 2018: aunque se suponía que eran británicos, algunos eran tratados como inmigrantes ilegales y tenían que demostrar cada año de presencia en el Reino Unido en dolor de la deportación. En 2019, las autoridades anunciaron un programa de compensación. Pero cuatro años después, la organización de derechos humanos HRW examina este programa en un informe. En enero, solo el 12,8% de las 11.500 personas elegibles habían sido indemnizadas, según la ONG.

El esquema “está fallando y violando los derechos de muchas personas a un recurso efectivo por las violaciones de derechos humanos que han sufrido”, dice el informe. «No es adecuado para su propósito y requiere una reforma urgente para proteger los derechos de los solicitantes», dice la ONG. El programa “debería ser independiente, brindando asistencia legal a los reclamantes para ayudarlos a través del complejo proceso”, recomienda HRW.

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El informe cita a un miembro de la «generación Windrush» diciendo que el dispositivo «fue diseñado para frustrar a las personas que debían beneficiarse de él». “El fracaso del dispositivo y el propio escándalo están ligados a un racismo institucional no resuelto que se remonta al Imperio Británico”, critica la autora del informe, Almaz Teffera, investigadora sobre el racismo en Europa.

Ya en noviembre de 2021, un informe parlamentario muy severo recomendaba confiar la gestión del escándalo Windrush a un organismo independiente. Los solicitantes se encuentran, denunciaron los diputados, enfrentados a un “proceso desalentador”, “solicitudes irrazonables de pruebas” y “demoras excesivas”. Además, una asociación que lucha contra el racismo, Black Equity Organisation (BEO), lanzó un llamamiento contra el gobierno a principios de abril tras su decisión de abandonar ciertas reformas prometidas.

La ministra del Interior, Suella Braverman, anunció en enero que se retractaba de varios compromisos, incluida la creación de un comisionado para migrantes y la organización de eventos de reconciliación.