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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló sobre el vencimiento del bono solidario de vivienda el 30 de junio de 2024, antes de que el presidente José Raúl Mulino asumiera el cargo. Chapman anunció que el gobierno revisará el régimen de interés preferencial para establecer una normativa más permanente que beneficie a los sectores de la población que necesitan adquirir viviendas asequibles.

Explicó que el proceso será progresivo y se enfocará en los tramos donde se necesite más apoyo estatal, con el régimen actual aplicando para viviendas de hasta 120 mil dólares. Chapman aseguró que el gobierno no ha eliminado ningún subsidio ni programa de vivienda, sino que se compromete a fortalecer estos programas para que más panameños puedan acceder a la compra de viviendas y obtener hipotecas.

El ministro mencionó que han mantenido conversaciones con bancos privados, estatales y constructores de viviendas, recibiendo su apoyo para mejorar la normativa y eliminar la incertidumbre en el sector. Destacó la importancia de tener reglas claras y sostenibles en el tiempo para garantizar un ambiente favorable para la adquisición de viviendas.

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial señalaron que el Fondo Solidario de Vivienda enfrentaba problemas de presupuesto, lo que resultó en deudas acumuladas con promotoras afiliadas al programa. Sin embargo, se ha comenzado a saldar estas deudas con pagos realizados hasta el año 2023, y se está trabajando en los correspondientes al 2024.

El Fondo Solidario de Vivienda fue una herramienta importante para reducir el déficit habitacional en Panamá, brindando un bono de hasta 10,000 dólares a familias de bajos ingresos para adquirir viviendas de interés social. Su objetivo era eliminar las barreras económicas y facilitar el acceso a financiamiento para que estas familias pudieran tener una vivienda propia.

En resumen, el gobierno panameño está comprometido a fortalecer los programas de vivienda para garantizar que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y obtener los recursos necesarios para su adquisición. La revisión del régimen de interés preferencial busca establecer normativas sólidas y sostenibles que beneficien a los sectores de la población que más lo necesitan.