Ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde se discutió la posibilidad de un segundo retiro del presupuesto general del Estado en un mes.
Debido al envío tardío del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asamblea Nacional se vio presionada para aprobar el presupuesto antes del 31 de octubre. Sin embargo, el diputado Augusto Palacios expresó que era poco probable completar las vistas presupuestarias a tiempo y que el debate probablemente se extendería a sesiones extraordinarias.
La decisión de detener el debate presupuestario se debió en parte a la presión de representantes de corregimientos y alcaldes, quienes podrían ver reducido su financiamiento. Además, se destacó que el presupuesto no cumplía con la Ley 362 de 2023, la cual establece destinar el 7% del PIB al sector educativo. A pesar de que representantes del MEF aseguraron que se cumplía con la norma, se cuestionó esta afirmación.
El presidente José Raúl Mulino ha centrado su estrategia de legitimidad en las reformas a la Caja de Seguro Social. Las reformas se discutirán en sesiones extraordinarias en noviembre y diciembre, lo que podría presentar retos debido a las fiestas de fin de año. Para lograr avances en sus reformas, Mulino necesita que se apruebe el presupuesto a tiempo.
A pesar de la premura, la Comisión no inició las vistas presupuestarias el viernes pasado ni el lunes. La ministra de Educación, Lucy Molinar, compareció en la sesión y mencionó cambios en la gestión del Ministerio de Educación, incluyendo una reestructuración del gasto y procesos de innovación organizacional. Anunció la creación de escuelas de pre-media en áreas de difícil acceso y cambios metodológicos en el sistema escolar a partir del próximo año. También señaló que encontró desorden en el ministerio, con choferes ganando más que directores de escuelas. Además, eliminó el uso de convenios marco para adquirir equipos a precios más accesibles en el mercado abierto.
