Traslado de partidas al Mides para beneficiarios excluidos de Ángel Guardián y 120 a los 65
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para explicar la necesidad de trasladar partidas interinstitucionales por un total de 4 millones 54 mil 200 dólares. Estos fondos se destinan a cubrir los pagos correspondientes a las exclusiones de beneficiarios de programas de Transferencia Monetaria Condicionada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Exclusión de beneficiarios y suspensión de programas
Según la ministra Carles, los beneficiarios de Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y Senapan han sido excluidos temporalmente de los programas debido a su falta de cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley. Estas exclusiones se deben a la falta de cumplimiento de los requisitos para pertenecer a los programas o de los condicionamientos una vez dentro de los mismos.
Carles detalló que los requisitos para permanecer en el Programa Ángel Guardián incluyen discapacidad severa, pobreza extrema y condición de dependencia, los cuales fueron considerados al realizar las exclusiones. Sin embargo, debido a la cantidad de exclusiones y las condiciones climáticas adversas que dificultan el proceso de revisión, se ha optado por suspender temporalmente los efectos de las exclusiones hasta que se resuelvan los recursos de reconsideración.
Cuestionamientos y denuncias
El diputado Jorge Alberto González ha cuestionado la solicitud de traslado de partidas, argumentando que si el presupuesto se solicitó con un año de antelación y no se previeron estas exclusiones, resulta sorprendente tener que realizar ajustes para cubrir estos pagos. Carles mencionó que entre los excluidos se encuentran funcionarios del Mides que ya contaban con el beneficio, personas con cupos de taxis o buses, jueces de paz y personas con capacidad económica para contratar niñeras, lo que ha generado denuncias por parte del Ministerio.
Omar Carrillo, director de Auditoría Interna, señaló que se han identificado 15 categorías de personas que no cumplen con los requisitos legales, como defunciones, incumplimiento de corresponsabilidades, falta de cobro consecutivo, hogares sin menores de edad, personas con empleo remunerado, duplicidad de cobros, entre otros. Más de 2,000 individuos han sido excluidos del programa en total.
La ministra Carles admitió que los recursos asignados a su cartera no son suficientes para cubrir los pagos actuales a los beneficiarios ni para incluir a nuevos participantes. Se espera que, una vez se resuelvan los recursos de reconsideración y se realicen los pagos correspondientes, se retomen los análisis en enero para garantizar un cumplimiento adecuado de la ley.