Un tribunal español anunció el jueves que había cerrado un segundo proceso por fraude fiscal abierto contra la estrella mundial Shakira, que ha acabado así con problemas judiciales en el país en el que residía durante mucho tiempo.
A raíz de la petición de la fiscalía, anunciada el miércoles, este juzgado de las afueras de Barcelona reconoció que la artista colombiana había cometido “irregularidades” en su declaración de impuestos de 2018, con un déficit de alrededor de 6 millones de euros para la Hacienda española. Pero “las irregularidades no bastan para caracterizar un delito (penal) contra la administración tributaria”, estimó el magistrado encargado del caso, según el cual el intérprete de “Hips don’t lie” no tenía “la deseo de evadir impuestos”. La fiscalía, por su parte, dictaminó que “no había pruebas suficientes” para procesar penalmente a Shakira en este caso.
Este tribunal anunció en julio que había abierto este procedimiento contra la cantante, sospechosa entonces de haber utilizado sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para eludir el pago de la totalidad de su impuesto sobre la renta y el patrimonio en 2018.
Para mostrar su deseo de regularizar su situación ante las autoridades fiscales, Shakira pagó en agosto a los tribunales 6,6 millones de euros, suma correspondiente a los 6 millones adeudados a las autoridades fiscales, más los intereses de demora y las tasas de regularización.
Shakira todavía sigue en la mira de las autoridades fiscales españolas para el año 2011 pero este trámite es sólo administrativo y no judicial.